El sector agrario lleva meses anunciando su descontento. A las ya habituales guerras de precios de cada campaña, de las que siempre salen perjudicados los agricultores, se está sumando una sequía implacable que amenaza los cultivos de la temporada. Las movilizaciones de protesta para exigir soluciones estarían ya en marcha de no ser por la sexta ola de Covid, que hizo que los convocantes aplazaran las manifestaciones previstas para principio de año hasta que la situación sanitaria estuviera más calmada.

Y en febrero, anunciaba Pedro Sánchez, en una  visita a Níjar, la puesta en marcha de un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) destinado a la agroindustria. Mil millones de inversión pública hasta 2023, a los que se espera sumar otros 2.000 del ámbito privado, para modernizar el sector. Un ‘rescate’ que puede aliviar la situación del sector pero que, sobre todo, busca darle el impulso necesario para que recupere competitividad y se modernice para afrontar con éxito los retos que tiene ante sí en los próximos años.

Lograr un crecimiento económico sostenible, impulsar la digitalización y cohesionar el territorio son los objetivos de este PERTE, con el que el Gobierno ha calculado que, además, se crearán 16.000 puestos de trabajo estables y de alta cualificación, en un sector que ya emplea a 2,3 millones de personas en España. Asimismo, se prevé que impulse la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio, nuevas oportunidades laborales y un ahorro tanto en el tejido productivo como en las economías domésticas y en los presupuestos públicos. Todo ello en el marco de un proceso para “reindustrializar nuestro país y generar empleo y empresa local”, aseguraba Pedro Sánchez.

Aprobado el pasado mes de febrero en Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Agricultura, Luis Planas, destacaba que el PERTE junto a la Política Agraria Común (PAC), el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura suman más de 50.000 millones, “la cifra de inyección de fondos públicos más alta que se haya producido jamás en el sector”.

Los tres ejes del PERTE

El PERTE agroalimentario tiene tres ejes principales. Por un lado se llevarán a  cabo actuaciones que transformen la cadena de valor industrial del sector. Asimismo, se incluyen medidas para impulsar la digitalización de las empresas del sector. Y por último, se quiere fomentar la investigación científica relacionada con la agricultura.

Es un proyecto a escala nacional, con el que sentar las bases de una agroindustria más sostenible y digitalizada, pero que, como adelantó el presidente del Gobierno, tendría que afectar de manera especial a la provincia de Almería, en la que el sector agrario es el principal motor económico.

El primero de los ejes estratégicos del PERTE para la agroindustria contará con una dotación de 400 millones de euros, que se destinarán a mejorar los procesos de producción para que las empresas del sector sean más competitivas y sostenibles, y para mejorar la trazabilidad de los productos. Este paquete estará gestionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El segundo eje está dedicado a las medidas para impulsar la transformación digital en toda la cadena productiva: agricultores y ganaderos, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, la transformación y la comercialización. La cantidad asignada es de 454,35 millones de euros.

De esta cantidad, cerca de 275 millones se destinan al Programa Kit Digital, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Este programa está destinado a pequeñas empresas, microempresas y autónomos que necesiten digitalizar sus procesos o quieran lanzar una tienda online para comercializar sus productos.

 Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación incluye el desarrollo del Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX) para agricultores y ganaderos, con el que se quiere llevar a cabo la digitalización del cuaderno de campo y simplificar así su relación con la administración.

El tercer eje incluye las medidas de apoyo a la innovación y la investigación, para lo que están previstos 148,56 millones de euros. Entre las medidas, hay una que se desarrollará junto con las comunidades autónomas y que tiene como objetivo impulsar la productividad, la competitividad, la sostenibilidad y la calidad del sector agroalimentario.

Este paquete de medidas quiere sentar las bases para la modernización del sector durante la próxima década y fomentar el empleo de calidad. El sector agroalimentario supone cerca del 10% del PIB del país y del que el 96% de las 30.500 empresas que lo componen son pymes.

Asimismo, se quiere fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, en el marco de la Agenda 2030, lo que se conseguiría con la digitalización de todas las fases de la cadena alimentaria. Con el Plan se busca además el objetivo paralelo de contribuir a la lucha contra la despoblación en las zonas rurales.

Líneas estratégicas

Para conseguir estos objetivos, junto a los tres ejes, se han establecido cuatro líneas estratégicas. La primera trata de impulsar la transformación tecnológica y digital del sector, fomentando el uso del big data y de las nuevas herramientas digitales, para adaptarlo al entorno de la economía digital.

La segunda línea estratégica busca garantizar el suministro de alimentos sanos, seguros y saludables, así como impulsar procesos industriales enfocados en la descarbonización y que aumenten, por tanto, su sostenibilidad, limitando el impacto ambiental.

La tercera tiene como objetivo mejorar la cohesión social del sector agroalimentario, apoyando a los jóvenes y facilitando la incorporación de las mujeres. Asimismo, se impulsará la investigación y la formación continua.

La cuarta línea estratégica está enfocada al medioambiente, con el objetivo de impulsar el desarrollo de una economía circular y de reducir el impacto ambiental, fomentando el uso eficiente de los recursos y la energía en la producción de alimentos, adoptando medidas en esa direccón en transporte, almacenamiento, envasado y desperdicio de alimentos. Se busca así lograr una sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector agroalimentario, en todas las etapas productivas.

El campo almeriense, a la expectativa

El anuncio del PERTE agroalimentario ha sido celebrado como buena noticia por las organizaciones agrarias de la provincia de Almería, aunque recelan de si realmente se cubrirán las necesidades del campo almeriense. “Se están sacando medidas que no siempre se adaptan a las necesidades del sector”, señala Andrés Gongora, secretario provincial de COAG Almería, que añade que “debería abrirse un marco de interlocución más amplío para abordar este tema”.

Góngora pone como ejemplo el plan de modernización de invernaderos, en el que se establecía que la construcción de los nuevos invernaderos tenía que hacerse con plástico rígido o con cristal, “y eso no se adapta a las necesidades de Almería, donde no utilizamos esos materiales a la hora de construir invernaderos”. Por eso, se teme que habrá discrepancias similares entre los requisitos para optar a los fondos del PERTE y lo que de verdad necesitan los productores de nuestra provincia.

Asimismo, Góngora sospecha “que a veces se están enmascarando a través de la agricultura inversiones que no siempre tienen que ver con el sector agrario”. En este sentido, señala a la presentación del proyecto de geotermia para calefacción de invernaderos, donde Sánchez anunció el PERTE agroalimentario, “que está muy bien, pero siendo realistas, en Níjar solo se necesita calentar el invernadero dos meses al año”.

En cualquier caso, el secretario provincial de COAG Almería celebra la llegada de los fondos vinculados al PERTE, aunque insiste en la necesidad de hablar con el Ministerio de asuntos como la modernización de instalaciones y el agua. Un diálogo necesario, considera, para que la inversión vaya a cubrir necesidades reales de los productores. “Por mucho que te digan que compres algo porque te pagan la mitad, si no se adapta a lo que necesitas, no lo vas a comprar”, concluye Góngora.

La secretaria general de ASAJA Almería, Adoración Blanque, celebra la aprobación del PERTE pero también espera a la convocatoria definitiva de las ayudas para confirmar que se van a adecuar a las necesidades del sector en nuestra provincia.

“Es una buena noticia, porque es una necesidad que tiene el sector y que supondrá inyectar un dinero para modernización e inversiones, pero tenemos que ver que finalmente lleguen a quienes tienen que llegar, a los agricultores y ganaderos, al primer eslabón de la cadena”, señala Blanque, y añade que  “las líneas que vengan han de ser lo suficientemente realistas para que el sector se pueda acoger a ellas”.

Del contenido del PERTE, destaca las líneas centradas en la modernización y la digitalización, “que hacen mucha falta” y espera que “las líneas que se pongan en marcha se adapten al sector y que las empresas del sector se puedan acoger a ellas”. En este sentido, insiste en que “en principio suena bien, pero habrá que ver las convocatorias, para ver si se puede acoger el máximo número de empresas a las ayudas.

La secretaria general de ASAJA Almería recuerda que para modernización de infraestructuras, “ya se habían anunciado 120 millones para invernaderos pero en las primeras líneas básicas que salen, que ya van a sacar las comunidades autónomas la convocatoria, no todo el mundo va a poder estar”, debido a las características que se piden. “El objetivo es que los invernaderos que puedan estar más obsoletos se vayan modernizando y mejorando, pero se pone un precio por metros por debajo del cual no se puede hacer la inversión y eso impide por ejemplo que un agricultor que tenga invernaderos planos pueda irse directamente a uno de tercera generación, mucho más modernos”, explica. Y sentencia: “La intención es buena, pero la práctica no tanto”.  

El análisis es similar: las ayudas son necesarias y apuntan a objetivos que servirían para fortalecer el sector agrario almeriense y a afrontar los retos que tiene ante sí con garantías, sentando las bases de una agricultura más competitiva y sostenible, como demandan los mercados. Pero experiencias pasadas les hacen ser prudentes porque no sería la primera vez que las expectativas se frustran por la letra pequeña de las ayudas lanzadas.

Si, como piden los agricultores, se les consulta para conocer qué prioridades tienen dentro de ese objetivo de modernización, se habrá dado un paso adelante para salir de las continuas crisis y continuar siendo los líderes europeos del sector.  

Los agricultores retoman las movilizaciones

El sector agrario volverá a tomar las calles el próximo 20 de marzo. Será en Madrid, donde las organizaciones agrarias han convocado una gran manifestación para reivindicar soluciones a los diferentes problemas que arrastran desde hace tiempo y que amenazan con acabar con él, como la caída de precios incluso por debajo de los costes, el aumento de estos costes, con la subida de la luz y de los salarios, así como de los materiales utilizados, y la competencia de productos de terceros países que, denuncian en el sector, no cumplen con las mismas garantías sanitarias y de calidad que se exigen a los productos europeos. Una gran manifestación que está teniendo avanzadillas regionales, como la celebrada en Sevilla a finales de febrero, que estuvo acompañada por un paro general del sector.

“El objetivo de la manifestación del 20 de marzo es, sobre todo, que se establezcan medidas para que el sector agroalimentario pueda seguir siendo un sector fuerte, como medidas fiscales para que reduzcan los costes de producción o un pacto por el agua que vertebre a todos los territorios para que todo el mundo tenga agua suficiente y de calidad suficiente”, explica Adoración Blanque, secretaria general de ASAJA Almería, que asegura que “son medidas esenciales para que el sector pueda seguir produciendo”.

Asimismo, los agricultores exigen que se trabaje para conseguir “una estabilidad en los precios”, cuenta Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería. Esa estabilidad está a día de hoy lejana, con crisis de precios recurrentes campaña tras campaña, en la que se llegan a pagar precios por debajo de los costes de producción. Una situación que se debe, apunta Góngora, “a la importación de productos de terceros países”, entre otros factores.

El secretario provincial de COAG Almería añade que otra reivindicación es la del agua. “Está clarísimo que faltan inversiones en Almería en materia de agua, sobre todo en cuanto a capacidad de embalse, que casi no tenemos, para poder guardar algo en los momentos en los que sobra”.

“La situación es gravísima, porque no está lloviendo”, asegura José Antonio Fernández Maldonado, portavoz de la Mesa del Agua de Almería. Y añade que “lo menos malo es que hay zonas en las que está aumentando la salinidad de los pozos”, ya que, aunque de mala calidad, al menos hay agua. Asimismo, recuerda que “el trasvase del Negratín está cortado hasta que tenga 210 hectómetros cúbicos y está a 160, es la peor situación de su historia”.

Los regantes almerienses se unían en febrero a la protesta de los vecinos de Murcia por el plan del Gobierno de cambiar 100 hectómetros cúbicos del agua prevista en el trasvase Tajo-Segura por agua de la desaladora de Torrevieja, garantizando un precio mínimo hasta 2025. El problema es que ese precio mínimo es de entre 50 y 70 céntimos, cuando por el agua del Tajo-Segura se pagan 16. Y una vez finalizado ese periodo de garantía, podría triplicarse, viendo los precios que se pagan hoy en día, de hasta 1,55 euros, casi diez veces más de lo que se está pagando por el agua del trasvase.

Con este panorama, no se descartan futuras movilizaciones “en función del resultado que se obtenga y de si se abre o no una mesa de negociación con Agricultura y Transición Ecológica, que en este momento no tenemos”, asegura Blanque.

(Reportaje publicado en el número de marzo de 2022 de la revista Foco Sur).