El Ministerio de Agricultura aprueba una reforma de la ley de la cadena alimentaria que prohíbe la venta a pérdidas, entre otras medidas, tras tres meses de manifestaciones que se han extendido por todo el país.

Los agricultores almerienses volvieron a salir a la calle para exigir soluciones a la crisis estructural que amenaza con acabar con el modelo provincial de agricultura familiar. Convocados por las asociaciones agrarias, el pasado 18 de febrero cortaron la A-7 a la altura del polígono La Redonda, en Santa María del Águila, tiraron productos a la carretera y también los repartieron entre quienes se acercaron a escuchar sus reivindicaciones. Estas manifestaciones, que comenzaron el pasado 19 de noviembre en la capital almeriense, se han propagado ya por todo el país, provocando la reacción del Ministerio de Agricultura, que ha aprobado un decreto ley para modificar la ley de cadena alimentaria y prohibirá la venta a pérdidas. Pero aun quedan reclamaciones por ser atendidas ante una situación que tiene a muchos agricultores al límite de sus posibilidades de resistencia.

Las delegaciones provinciales de COAG, ASAJA, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, más COEXPHAL y ECOHAL, habían convocado la tercera manifestación en tres meses para protestar por la crisis estructural que sufre el sector, con graves problemas como los precios por debajo de los costes de producción, las exportaciones desde Marruecos por encima del límite acordado con la UE y el reetiquetado de productos marroquíes como almerienses que ha llevado a que seis empresas, cuyo nombre no se ha revelado, tengan expedientes abiertos por la Junta de Andalucía.

La tercera manifestación en Almería, tras las celebradas en noviembre y en enero, ha sido la más tensa, con los agricultores cortando la carretera en la Autovía A-7, en el polígono de La Redonda de Santa María del Águila. Con el lema ‘Agricultores al límite’, los manifestantes llegaron a quemar productos junto a la carretera, lo que provocó la actuación policial. Los agricultores reclaman soluciones a las administraciones competentes, comenzando por el Ministerio de Agricultura, y exigen medidas que afectan a distintas áreas del Gobierno, pero coordinadas desde la cartera de Luis Planas.

Entre las medidas que reclamaban, además de acabar con el reetiquetado y establecer medidas más duras que un expediente y sanción para las empresas que lo practican, a las que acusan de «competencia desleal» y cuyos nombres quieren que se den a conocer al público, proponían compensar la subida del salario mínimo interprofesional con rebajas fiscales. Asimismo, quieren medidas «concretas» y efectivas y que se trabaje con la Unión Europea en los asuntos que competen a esta, como en el caso del Brexit, la nueva PAC o las exportaciones de países terceros, para que no se perjudique más al campo almeriense y nacional.

«La campaña de otoño ha sido malísima de precios, incluso en la campaña de Navidad, que es cuando más demanda hay de consumo y repuntan algo los precios, este año no ha sido así», explica Manuel Moreno, concejal del Ayuntamiento de Níjar, que recuerda que «venimos de una mala campaña de primavera de sandía, calabacín o pepino, también frustrante para el agricultor». Y en estos tres meses, señala Moreno, la reivindicación ya se ha extendido a toda España: »Está pasando igual con el olivar, con los cereales, los cítricos. Está pasando prácticamente con todo el sector hortofrutícola». Esperanza Pérez, alcaldesa de este municipio, reconoce que «los precios que están teniendo en la agricultura la hacen inviable e insostenible» y recomienda «tomar las medidas que se consideren oportunas, entre todos de forma unida, y no hacer una revolución de todos los problemas juntos, porque cuando se amontonan todos los problemas, no se ve la luz». 

Los convocantes de las manifestaciones están satisfechos con lo que se está consiguiendo, aunque desearían que las soluciones llegaran más rápido. «Consideramos que está siendo positivo porque, al menos, nuestras reivindicaciones se están escuchando», cuenta Adoración Blanque, secretaria general de ASAJA Almería, que añade que «existe por parte de la Consejería y del Ministerio la voluntad de escucharnos y empezar a hacer cosas». En cuanto al futuro de la campaña de movilizaciones, asegura que «el calendario está cerrado hasta mediados del mes de marzo y, en función de cómo se vayan desarrollando esas negociaciones y se aporten nuevas soluciones, ya se verá lo que se hará».

Las movilizaciones están siendo muy positivas también para «concienciar a la población de las dificultades que está teniendo la agricultura no solamente en Almería, sino a nivel nacional», continúa Blanque «Es totalmente inviable trabajar por debajo de los costes de producción, nadie se puede imaginar ir a trabajar para perder dinero, y eso es lo que les está pasando al agricultor y al ganadero», añade. 

Modificación de la ley de la cadena alimentaria

A estas reivindicaciones, el Gobierno ha respondido con una serie de medidas, entre ellas la deseada modificación de la ley de la cadena alimentaria, que se aprobaba en  el último Consejo de Ministros de febrero. Lo hacía mediante un Real Decreto Ley de medidas urgentes para «garantizar el nivel de vida,  mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria». Así, será obligatorio incluir una cláusula en los contratos  de compraventa entre agricultores y ganaderos y el primer comprador que garantice que el precio pactado entre estos cubre los costes de producción. Asimismo, se prohíbe la venta a pérdidas y cada eslabón de la cadena deberá pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción. En publicidad, se prohíben las promociones en puntos de venta que llevan a error sobre el precio o la imagen de los productos. Además, se endurecerán las sanciones y, siguiendo la normativa europea, se dará a conocer el nombre de las empresa que cometan infracciones graves o muy graves.

El Real Decreto también contempla medidas fiscales, como reclamaban los agricultores. Así, se modificará la ley de IRPF para mejorar la tributación de este impuesto a los jóvenes agricultores beneficiados con ayudas a la primera instalación que conceden las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. También se contemplan en la nueva ley bonificaciones por convertir contratos eventuales en indefinidos o fijos discontinuos. Y por otra parte, se reduce el número mínimo de peonadas para poder acceder al subsidio por desempleo.

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, Planas se reunía con representantes de las organizaciones ASAJA, COAG y UPA en la Mesa de Diálogo Agrario, organismo constituido a principios de febrero para que Agricultura pudiera conocer de primera mano las propuestas de los agricultores. Allí, el ministro destacaba que se han dado pasos «muy claros y muy firmes para responder a gran parte de las demandas del sector», aunque reconocía que son problemas que no tienen una  solución fácil ni inmediata. Además, el Gobierno ha propuesto a las organizaciones agrarias un paquete adicional de medidas que incluyen la formación de los precios a lo largo de la cadena de valor, los seguros agrarios, el presupuesto de la PAC, el coste energético de las explotaciones agrarias, la fiscalidad, la financiación, los costes laborales, la reciprocidad de las importaciones de terceros países y los regadíos.

«Este decreto es una conquista de los agricultores y ganaderos y del proceso histórico de movilizaciones que se ha desarrollado en las últimas semanas», aseguraba al conocerse el anuncio del Gobierno Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. Aun así, desde la organización agraria tienen claro que las movilizaciones van a continuar. «Lo de hoy es un primer paso hacia una solución definitiva», señalaba Ramos.

Para Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería, «no es suficiente lo que se ha aprobado, por un lado porque no tenemos claro si va a afectar a los tratos que se lleven a cabo entre operadores de carácter internacional, por lo tanto a las exportaciones, que me temo que no, que solo tiene que ver con las relaciones entre productores españoles con supermercados españoles y cadenas que operen a nivel nacional, y luego porque se habla de que los costes de producción serán fijados entre el proveedor y el cliente, cuando precisamente nos quejamos de que es el cliente, los supermercados los que tienen la posición de fuerza y determinan los precios». 

Además, añade que echan en falta que «se hable de las importaciones porque tienen una relación muy directa. No se puede pretender una armonización y avanzar en regulación de precios si no hablamos de control de importaciones porque al final, en un mercado de oferta y demanda, las importaciones distorsionan el mercado». Por todo esto, advierte de que «no vamos a parar».

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha criticado las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, que considera que «son insuficientes y llegan tarde», con el único objetivo de frenar las movilizaciones. Además, señala que no se pongan «recursos económicos encima de la mesa» como se ha hecho en Francia o Alemania.

Reetiquetado de productos

Uno de los problemas que más han indignado en el campo almeriense es el del reetiquetado. Tanto, que la reclamación para que se revele qué empresas lo están practicando ha llevado incluso a Andrés Góngora, a ser detenido durante unas horas por la Guardia Civil para comunicarle una demanda de una empresa que le acusa de amenazas. «Después de la movilización del Polígono de la Redonda, los agricultores nos fuimos a un almacén que está trayendo productos de Marruecos y nos concentramos allí, pero no pasó nada», explica Góngora, «estábamos en la puerta y les chillaron e increparon». Y considera que «no tuvo ningún sentido la detención, meter a una persona en el calabozo porque otro le haya denunciado». 

Adoración Blanque reconoce que «se ha pedido que se publique cuáles son las empresas que hacen reetiquetado» y recuerda que «no es algo que se haga a escondidas, se hace a la luz del día y, ciertamente, hay sospechas de las empresas que pueden estar haciéndolo». Pero recuerda que «hay empresas que están haciendo importación de productos, que no es ilegal; lo ilegal es el reetiquetado, anular la trazabilidad del producto».

Su compañero de asociación, Pascual Soler, explica que «a la Junta de Andalucía le estamos pidiendo muy seriamente el control de entrada de productos de fuera. Han hecho muchísimas inspecciones y han detectado que hay seis empresas que están cometiendo fraude, que están trayendo producto de Marruecos y otros países y le cambian el etiquetado, que viene pasando desde hace ya muchos años, vendiéndolo como de Almería». Soler añade que se trata de «empresas fraudulentas que no merecen calificarlos como empresarios almerienses, son gente mafiosa que se está aprovechando del sector y de los agricultores de la provincia de Almería». 

Manuel Moreno afirma que el reetiquetado «es una práctica desleal para los intereses de los agricultores y de Almería», y añade que «tampoco sabemos las garantías sanitarias ni laborales de dónde viene ese producto, porque es un país que no tiene las mismas condiciones fitosanitarias ni laborales». En ese sentido, reconoce que «es un tema frustrante para los agricultores porque ven cómo suben los costes de producción y llegan productos de países terceros con muchísimos menos costes e ínfimas condiciones sanitarias». 

Control de importaciones

Carmen Crespo reclamaba en una visita al Puesto de Inspección Fronterizo del Puerto de Almería «respeto a las producciones de toda Europa y, por supuesto, a las almerienses, a las andaluzas y a las españolas» con el cumplimiento de los contingentes de importación de productos agrícolas establecidos en los acuerdos entre la Unión Europea y terceros países. En ese sentido, aseguraba que la Junta de Andalucía ha solicitado al Ejecutivo Central los datos actualizados sobre estas cantidades y  que si se se detecta que se han superado, el Ministerio de Agricultura debe reclamar a la Comisión Europea y a la Oficina de Lucha Contra el Fraude.

Crespo destacó asimismo las inspecciones de etiquetado y fitosanitarios sobre importaciones de hortalizas realizadas por la Consejería, que tienen como objetivo controlar el reetiquetado de productos. Así, la consejera señaló que la Junta de Andalucía está aumentando la dotación de personal para estos controles. Durante el año pasado, en Almería se han realizado unas 230 inspecciones en empresas del sector hortícola y se ha detectado reetiquetado y otros incumplimientos documentales de producto procedente de Marruecos en seis casos. Ya se han iniciado los correspondientes expedientes sancionadores, que «se encuentran en fase de instrucción».

Antes del anuncio del Gobierno, Pascual Soler reclamaba también medidas enfocadas a reducir los costes de producción, que considera que son más fáciles de implementar. Entre ellas, «bajar el precio de la electricidad» y el cumplimiento de «una ley que aprobó el Gobierno anterior para abaratar los costes de agua», que no se está haciendo. En este sentido, el presidente de ASAJA Almería cuenta que «en nuestra provincia regar una hectárea de cítricos vale 4.000 euros al año y en Sevilla, unos 400. Hay un desequilibrio enorme y son precios inasumibles». 

Las medidas aprobadas por el Ministerio llegan con la intención de avanzar en el objetivo de terminar con esta crisis estructural del sector. Pero queda por hacer. En esta línea, Esperanza Pérez asegura que desde las Administraciones van a «luchar porque la agricultura siga teniendo la posición que actualmente tiene». Y destaca que la almeriense «no es una agricultura primaria, es una agricultura con mucha tecnología y que tiene mucho fondo para poder salir adelante». 

Manifestaciones en todo el país

La serie de manifestaciones para denunciar que el sector agrario está en peligro de extinción, que arrancó el pasado mes de noviembre en Almería con una marcha multitudinaria, con cerca de 20.000 participantes según las organizaciones convocantes, se han extendido en estos tres meses a lo largo de todo el territorio nacional. Con particularidades en cada región, todos reivindican soluciones para un sector que se ve asfixiado por los crecientes gastos de producción y los decrecientes precios de venta de sus productos; bajada que, además, según denuncian luego no se ve reflejada en el precio final de venta al público. 

Así, mientras que en Almería se pone el foco en el exceso de importación de países terceros y el fraude de reetiquetado que algunas empresas están realizando, en provincias como Jaén es la situación del olivar lo que preocupa, más desde los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Pero en todas las manifestaciones, es común la reclamación de unos precios justos, puesto que llevan meses cobrando por debajo de los costes de producción. Los organizadores consideran un éxito las convocatorias, que han llegado a concentrar hasta a 35.000 agricultores en distintos puntos del país en una sola semana. En lugares como Granada, Sevilla o Extremadura, las tractoradas llegaban a colapsar los accesos por autovía durante horas. Incluso en esta comunidad, se registraron incidentes violentos, con hasta 19 heridos leves en Don Benito, la mayor parte agentes de la Policía, después de que los antidisturbios cargaran para impedir que los manifestantes asaltasen la sede de la Junta de Extremadura. Las organizaciones COAG, ASAJA y UPA han condenado la violencia.

PAC: no es solo cuestión de presupuesto

La reforma de la Política Agraria Común (PAC) es otro motivo de preocupación para el sector y se suma a los problemas estructurales que soportan. En plena negociación en Europa para fijar la PAC que estará vigente de 2021 a 2027, los agricultores  reivindican en sus movilizaciones que no se baje el presupuesto, que para el periodo 2014-2020 fue de 400.000 millones de euros, mientras que desde el norte de Europa se aprieta para reducir esta partida. La primera reunión presupuestaria, celebrada en Bruselas en febrero, finalizó sin acuerdo. Y lejos de llegar a él.

Pero no es solo el presupuesto lo que preocupa a los agricultores, sino todo lo que implica la propia PAC y sus competencias sobre el sector agrario. Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería, asegura que «la negociación de la PAC es una oportunidad para que, en esta reforma de la política comunitaria, tome más protagonismo la regulación de los mercados, por ser una norma de rango superior, a nivel europeo». En este sentido, señala que la PAC »puede regular la normativa de competencia a nivel europeo y los mecanismos de gestión de mercados y de crisis, como la retirada de determinados productos en épocas de crisis. Esa es una de las claves». Sin embargo, Góngora se lamenta de que «estamos viendo cómo, una vez más, solo se empieza a hablar del presupuesto y los agricultores no estamos en la calle por un problema de presupuesto de la PAC, sino por un problema de mercados y de precios».

No obstante, el presupuesto también es motivo de preocupación, cuando además es lo que garantiza la supervivencia de algunos cultivos. Adoración Blanque, secretaria general de ASAJA Almería, cuenta que «lo que nos han dicho en la Consejería y en el Ministerio es que van a intentar que el presupuesto se mantenga, que es como mínimo lo que nosotros estamos pidiendo». Blanque asegura que «necesitamos que se mantenga el presupuesto porque cultivos como, por ejemplo, el olivar, han demostrado que en Almería y Andalucía son los que fijan la población en las zonas rurales». Asimismo, reconoce que llegar a acuerdos satisfactorios «en una negociación no es fácil, pero tenemos que recordar que por ejemplo el olivar es uno de nuestros cultivos fundamentales».  

«El Gobierno no puede perder ni un minuto en defender una PAC fuerte en este momento que se habla de recortes en la UE», reclama la consejera Carmen Crespo, que añade que «no puede permitir que a un agricultor se le diga que, además del recorte, tiene que pagar el nuevo pacto verde». En este sentido, Crespo insiste en que «el Green Deal es una oportunidad que debe ir acompañada de recursos».

El Ministerio de Agricultura reconoce que se están jugando 44.000 millones de euros en la reforma, y por eso defienden junto a otros 19 Estados de la UE que la PAC cuente con un presupuesto suficiente. Frente a la propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 3,5% las ayudas para pagos directos y medidas de mercado y en un 14,5% las de planes de desarrollo rural, desde el Gobierno se considera «necesario restablecer los niveles que nos permitan responder a los retos de este momento».

(Reportaje publicado en el número de marzo de 2020 de la revista Foco Sur).