Los regantes alertan de que a finales de año se pueden quedar sin agua en el Almanzora. Las medidas puestas en marcha por la Junta, Pacto del Agua y construcción de EDAR, gustan a los agricultores, pero reclaman soluciones a los problemas inmediatos para no perder las cosechas de la próxima campaña.
De grave a muy grave. Así evalúa la situación del campo almeriense la Mesa del Agua. Un campo que, un año más, vuelve a verse amenazado por la sequía y el permanente déficit hídrico que soporta la provincia, y que la Mesa del Agua de Almería calcula en 237 hectómetros cúbicos anuales durante la próxima década, para garantizar las necesidades de la provincia. Las expectativas no son buenas y los agricultores temen otra campaña de cultivos sedientos o regados con aguas de mala calidad. Incluso, en el Almanzora, que se repita la terrible situación de hace dos años, cuando se cortó el grifo del Negratín, necesario para garantizar las cosechas en esta comarca.
El cambio de Gobierno en Andalucía y la prolongación al menos hasta septiembre del Ejecutivo en funciones en el país han contribuido a que algunas decisiones que habría que haber tomado sigan a la espera o vayan a ponerse en práctica dentro de unos meses. Un tiempo demasiado largo para los agricultores, porque los cultivos no esperan y necesitan el agua ahora.
La consejera de Agricultura, la almeriense Carmen Crespo, ya anunciado un futuro Pacto Andaluz del Agua para el que se reunirán todos los colectivos implicados, con el objetivo de encontrar soluciones que se puedan poner en marcha. Pero estas conclusiones no se esperan hasta el próximo verano. Servirán, en todo caso, para la siguiente campaña, pero, como señala José Antonio Fernández, portavoz de la Mesa del Agua, «¿de aquí a septiembre del año que viene, qué? ¿Vamos a seguir paralizados, vamos a tomar medidas?».
La Junta de Andalucía está tomando medidas pero, como en el caso del Pacto del Agua, las soluciones en la práctica no van a llegar en el corto plazo. Se ha reactivado la construcción de estaciones depuradoras en la provincia y hay previsto un plan de sequía en la comunidad autónoma, tanto para suministro a la población, el principal objetivo, como para la actividad económica. Pero lo que no llegan son las soluciones que lleva tiempo reclamando la Mesa del Agua y que, recuerda el portavoz, no implican «grandes medidas, con grandes inversiones de hoy para mañana». En algunos casos, como en el Poniente, solo esperan la autorización para poder hacer un sondeo en el acuífero superior, «que es excedentario» y mezclar ese agua, «de peor calidad», con los 30 hectómetros cúbicos de agua desalada que reciben los regantes. Por eso, Fernández se queja de que «llevamos siete meses y los temas administrativos en el Poniente están paralizados».
Donde la situación es más preocupante, en el corto y medio plazo, es en la comarca del Almanzora. Una zona con 24.000 hectáreas de cultivo y cuatro millones de árboles que necesitan agua en más cantidad, al ser plantaciones al aire libre. La amenaza del corte del trasvase del Negratín, del que reciben 50 hectómetros cúbicos, acecha. Si no llueve hasta entonces, este 30 de septiembre finalizaría la autorización actual y los agricultores de esta comarca verían cómo se repite la trágica situación que sufrieron en el verano de 2017, cuando alrededor de la mitad de la producción se perdió.
Ahora tienen garantizada el agua del trasvase hasta esa fecha, y los cultivos podrían ir tirando de las reservas almacenadas por los propios agricultores hasta finales de noviembre o diciembre. Y después, nada. Perder «esos 50 hectómetros cúbicos, para una comarca como el Almanzora, no es grave, es gravísimo», asegura el portavoz de la Mesa del Agua, que explica que los regantes «tendrán que tirar con los pozos de conductividad alta, por lo que el árbol no se va a secar por falta de agua, sino por exceso de sal». Así, insiste, si las nubes no dan un respiro, «nos abocamos a una situación como la de hace dos años».
Siete años sin desaladora
La pérdida de esos 50 hectómetros cúbicos, además, podría sumarse a una reducción del trasvase Tajo-Segura y, sobre todo, a los 15 hectómetros cúbicos que llevan sin recibir de la desaladora de Villaricos desde 2012, cuando una riada la inutilizó. Siete años después, esta infraestructura básica sigue esperando y no hay previsión de que vaya a llegar en los próximos dos años, según denuncia la Mesa del Agua. José Antonio Fernández, además, recuerda que «cuando se inutilizó esa desaladora, las comunidades de regantes del Almanzora tuvieron grandes pérdidas, y en pocos meses tenían solucionados los problemas» y se pregunta «por qué una comunidad de regantes, que es un ente privado, puede en pocos meses solucionar un problema y a una Administración se le va una década y no tiene pinta de que se pueda solucionar».
El Almanzora, si no llueve, se va a ver comprometido», afirma Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería, que también señala que «lo que urge es arreglar la desaladora del Levante». En este sentido, asegura que «cuando un trasvase no se pueda utilizar, hay que buscar alternativas modernas, y ahora mismo lo que tenemos es la desalación». Góngora apunta además a los «desembalses que se hacen en la cabecera, porque se desembalsa mucho al inicio de la cuenca del Tajo y ese agua ya no es recuperable». Por eso, anima al Ministerio a que vigile esta práctica, porque «para que haya trasvase, necesitamos que el pantano de cabecera mantenga el agua». Así, para no depender de si llueve, la Mesa del Agua pide, además de la reparación de la desadalora de Villaricos, que se construya otra más en Cuevas del Almanzora.
Sobre las necesidades de infraestructuras hídricas, la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez, aseguraba en la entrevista publicada el mes pasado por Foco Sur que en los Presupuestos andaluces se incluye «la redacción del proyecto para una nueva desaladora en la zona del Levante» así como «la restauración de la presa de Cuevas del Almanzora, por en torno a un millón de euros, y el Canal de Benínar, en torno a los siete millones de euros».
Otra reclamación de los regantes es la construcción de la segunda fase de la desaladora de Carboneras para suministrar agua al Campo de Tabernas y la zona de Filabres. Esto permitiría duplicar la producción de 42 a 84 hectómetros cúbicos, como estaba previsto en el proyecto original, ya que incluso el espacio para esta segunda fase está reservado. Mientras llega, Góngora apunta a la de Villaricos, porque «si estuviera funcionando, no se agotaría la capacidad productiva de Carboneras», que produce el 100% de su capacidad, envía 26 hectómetros al Campo de Níjar y al Levante el excedente. «No tiene sentido, teniendo una desaladora en Villaricos, que se esté bombeando agua desde Carboneras hasta Cuevas del Almanzora, porque bombear agua cuesta dinero, es lo más caro», señala el secretario provincial de COAG.
El agua más cara de España
Gracias a esta aportación desde Carboneras, en la comarca de Níjar ya funcionan con agua desalada casi en exclusiva, pero aun así, en esta zona tienen sus propios problemas, entre ellos un acuífero sobreexplotado y sobre el que hay una fecha marcada, el año 2027, para su recuperación. Pero sobre todo, como explica el responsable de COAG Almería, «hace falta la constitución de una Junta Central de Usuarios, que está en proceso, y que la Administración se dé cuenta de que tiene que avanzar en ordenación del regadío, porque lo que falla en Níjar son los papeles». Y añade que «no se están autorizando nuevos invernaderos ni cambios de uso no porque no tengamos agua, sino porque la documentación del agua no está en regla».
Los regantes, como han repetido en numerosas ocasiones, están «dispuestos a todo, incluso a confinanciar desaladoras» y a seguir pagando «el agua más cara de España» en defensa de «nuestra provincia, nuestro crecimiento y de lo que hemos conseguido», afirma Fernández. Precisamente, el precio del agua desalada es una reivindicación de años. Según reclaman los regantes, «hay una ley que dice que debe ser de 30 céntimos el hectómetro cúbico, pero no se cumple con Almería y estamos a la espera de que haya voluntad política para cumplirlo».
Estos problemas históricos de la provincia de Almería han llevado a los regantes a aliarse con los de Murcia y Alicante en el Círculo del Agua, que busca soluciones en conjunto para las tres provincias. A finales de julio, se reunían en Almería y Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, recordaba que «las tres provincias están unidas por una problemática similar. Tenemos una agricultura magnífica, una agricultura proactiva, yo creo que la más dinámica de Europa, pero que está aquejada por dos problemas fundamentales, la inseguridad hídrica que padecemos permanentemente, y el coste que tiene el agua no solo para el sector productivo, también para las poblaciones».
Asimismo, Jiménez mostraba la preocupación que tienen por unas declaraciones de Pedro Sánchez en las que hablaba de la necesidad de que las cuencas hidrográficas sean autosuficientes. Para Jiménez, los problemas de agua en el sudeste «solo se solucionan con la solidaridad en un contexto de país». Asimismo, aseguraba que «el Libro Verde del Agua, el Pacto Andaluz del Agua, el Pacto Nacional del Agua, el Libro Blanco del Agua… siempre he entendido que son ejercicios de magia, nada por aquí y nada por allá, y son formas de entretener una legislatura sin llegar al fondo de un problema que tiene una duración demasiado larga en estas tres provincias».
En esta misma línea, José Antonio Fernández se lamenta de que «las Administraciones no están a la altura, ni el Gobierno ni la Junta de Andalucía, están los dos paralizados». Así, dice, «nos pueden recibir con buenas palabras, pero no hay ningún hecho. Por lo tanto, la provincia de Almería se va a ver abocada a una situación muy difícil el próximo año». La única solución, insiste, es que llueva, «porque ahora dependemos del clima». Ante esta perspectiva, asegura que «es una lástima, con la tecnología que hay, que se puede aplicar y se puede instalar en la provincia de Almería».
Pacto Andaluz del Agua
La Junta de Andalucía ha comenzado a moverse, pero el problema es que son soluciones a largo plazo, como recuerdan los regantes. Así, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible están impulsando un Pacto Andaluz del Agua cuyas conclusiones, en forma de documento que recoja los acuerdos alcanzados, se esperan tener en el verano de 2020, según avanzó la consejera Carmen Crespo tras la reunión de constitución del grupo de trabajo encargado de elaborar este Pacto, celebrada a finales de julio.
En esta cita, se estableció el calendario de reuniones periódicas, que se retomarán este mes de septiembre, y que incluirán a agentes económicos, organizaciones agrarias, comunidades de regantes, grupos ecologistas, colectivos sociales y entidades relacionadas con las infraestructuras hídricas. Crespo, tras esta primera toma de contacto, aseguró que era «un día importante para los regantes, para los agricultores y para la Andalucía ‘seca’ que necesitan de garantías de abastecimiento, porque ven que somos capaces de ponernos de acuerdo para llegar al entendimiento en un tema de Estado que es vital como es el agua». Asimismo, la consejera dijo que «tenemos que ser muy sensibles con el tema del agua, sobre todo en una tierra que cuenta con grandes espacios naturales que son reserva medioambiental y donde hay una actividad extraordinaria ligada a este recurso fundamental, como es la agricultura, la industria y el turismo».
De forma paralela, Agricultura también tiene previstos planes de sequía, que se activarían en caso de necesidad. Son planes para garantizar el agua a la población y minimizar el efecto de la carencia de agua en la actividad económica, incluida la agricultura. De momento, el Gobierno andaluz quiere realizar una serie de estudios para ver cómo se puede reducir el efecto de las sequías y optimizar los recursos disponibles, tanto si hay sequía como si no. La intención es, según lo avanzado por la Consejería, que haya planes específicos para cada zona hidrográfica andaluza.
Nuevas infraestructuras hídricas en Almería
En la provincia de Almería, hay previstas obras de infraestructuras hidráulicas con una inversión de 55 millones de euros, según destacó Maribel Sánchez durante el balance de los seis primeros meses del nuevo Gobierno andaluz. Entre estas inversiones, destaca la apuesta por las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). Así, ya han comenzado las obras de la EDAR de Antas, que cuentan con un presupuesto de 3,2 millones de euros, y están a la espera de que se redacten los proyectos de las EDAR de Adra, Cabo de Gata, Vélez Blanco y María. La delegada contaba en esta línea, en la entrevista publicada en Foco Sur, que para combatir el déficit hídrico «la prioridad de este Gobierno es poner todos los años como mínimo 150 millones de euros exclusivamente para depuración de agua».
Estas medidas podrían solucionar el déficit hídrico de la provincia, aunque el proceso será largo hasta que todo lo prometido esté en funcionamiento. En cualquier caso, los agricultores ven bien que se haya puesto en marcha este Pacto Andaluz del Agua y que se cuente con ellos para elaborar el documento final. «Como organización, apoyamos que exista un Pacto del Agua», comenta Andrés Góngora, que añade que este «tiene que significar solamente que las decisiones en materia de agua se lleven a cabo intentando buscar el consenso, tanto de la Junta de Andalucía como de los usuarios, decisiones sobre infraestructuras, obras, dotaciones». Todo ello, finaliza, con el objetivo y compromiso prioritario de que «esas decisiones adoptadas no puedan revertirse dependiendo de los vaivenes políticos».
José Antonio Fernández recuerda, sin embargo, que «tenemos un pacto almeriense, que lo vendimos con la Diputación antes de las elecciones, el Pacto Andaluz, el Libro Verde, y cada uno que llega quiere hacer algo, pero nosotros, mientras, vemos que no se resuelven nuestros problemas». Por este motivo, confía en que tras las reuniones previstas para este mes de septiembre, se marquen «unas líneas de trabajo, unas obligaciones de cumplir con lo que se pueda». Pero, sobre todo, en que «no haya que esperar a septiembre del año que viene, a que esté el Pacto del Agua hecho, para empezar a resolver problemas, porque no podemos esperar tanto tiempo».
Las peticiones de la Mesa del Agua
La Mesa del Agua ha identificado los problemas que padecen y ha elaborado un documento con las principales medidas para solucionarlos. Estas son las medidas urgentes incluidas en sus ‘Propuestas para resolver el déficit hídrico en la provincia de Almería:
- Fijar un precio del agua desalada de 0,30 euros/m3, para cumplir con la ley 1/2018 para fomentar la desalación en la franja mediterránea.
- Finalizar las obras de la llamada ‘Autovía del Agua’ que permita distribuir agua entre el embalse de Cuevas y el embalse de Benínar.
- Duplicar la capacidad de producción de la desaladora de Carboneras hasta los 84 hectómetros cúbicos para facilitar la recuperación del acuífero de Níjar y garantizar el suministro a zonas deficitarias como el Levante, Almanzora y el Campo de Tabernas.
- La ejecución de terciarios en las estaciones depuradoras de aguas residuales para permitir la incorporación de las aguas reutilizadas al riego agrícola y completar el ciclo integral del agua.
- La creación y puesta en marcha de una Comisión Intercuencas, en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica, para coordinar las actuaciones de los tres órganos de cuenca que ejercen sus competencias en la provincia de Almería: Cuenca Mediterránea Andaluza, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Confederación Hidrográfica del Segura.
- Promover acuerdos con las Administraciones públicas (regantes, Junta de Andalucía y Gobierno de España) para la cofinanciación conjunta de las inversiones hídricas necesarias en la provincia de Almería.
- Crear un plan especial de regularización de las aguas de riego que permita el aprovechamiento integral de los recursos hídricos disponibles y actualizará los derechos de riego necesarios para la tramitación de las ayudas europeas para programas operativos de las OPFH.
- Reclamar a las administraciones competentes que activen un plan de inversiones para facilitar la interconexión de diferentes sistemas de explotación y a la Junta de Andalucía, un Plan de Consolidación de Regadíos que facilite la financiación necesaria para la modernización del 100% de los regadíos.
- Propiciar la constitución de las Juntas Centrales de Usuarios en las distintas masas de agua de la provincia donde corresponda.
- Impulsar el uso de energías renovables para la desalación para conseguir que las desaladoras optimicen su volumen de producción.
El debate de los trasvases o las desaladoras
«La situación grave es la de la zona del Almanzora, porque dependen del trasvase». Andrés Góngora, secretario provincial de COAG Almería, señala el problema recurrente asociado al déficit hídrico de la provincia de Almería: el origen del agua extra que se aporta para el campo. Y abre el debate entre partidarios de los trasvases y los de la desalación y depuración de aguas residuales.
Los productores apuestan por mantener ambas fuentes, pero saben que el futuro es de estas últimas, porque no dependen de los caprichos de la metereología. «En la disputa entre desaladora o trasvase, nosotros abogamos por ambos, pero es verdad que el trasvase está sujeto a las condiciones metereológicas, y la agricultura almeriense, por lo menos la intensiva, estar pendiente del nivel de los pantanos para saber si vamos a poder regar o no, no es el mejor recurso», explica Góngora.
El problema de las desaladoras es el alto coste del agua, que además Almería paga al mayor precio del país, según denuncian los regantes. «Hay que abaratar el coste y fomentar las energías renovables para que sean lo más baratas posible, pero que no se dependa de tener que traer agua de otras cuencas», señala el responsable provincial de COAG. Y precisamente ese es el plan que baraja el Gobierno, ahora en funciones, de Pedro Sánchez: que las desaladoras de la provincia funcionen al 100% con energías renovables, algo que podría abaratar hasta un 50% el precio del agua desalada, contando con que, según estiman los regantes, ahora el gasto en electricidad se acerca al 59% del precio que pagan por el recurso.
«Ahora mismo el déficit hídrico es uno, pero si en octubre no tenemos los 50 hectómetros del Negratín, será otro», señala José Antonio Fernández, portavoz de la Mesa del Agua. Según los cálculos de la plataforma, con 237 hectómetros cúbicos anuales durante diez años se cubre este déficit hídrico. Pero si depende de trasvases, el aporte es incierto. Por eso, aunque apuestan por mantener trasvases y desalación, creen que el futuro es de esta última. Y es que, según asegura Andrés Góngora, «con el cambio climático, el regadío solo lo está garantizando la desalación, la depuración, los recursos no convencionales».
(Reportaje publicado en el número de septiembre de 2019 de la revista Foco Sur).