La crisis de precios, el aumento de costes de producción, las imposiciones de las cadenas europeas y el fraude en las importaciones de países extracomunitarios levantan al sector agrícola para exigir soluciones.

La agricultura almeriense ha dado un fuerte golpe sobre la mesa para denunciar que la situación que atraviesa es insostenible. El paro masivo del 19 de noviembre, que reunió a todas las ramas del sector en una manifestación en el centro de Almería, ha sido el primer paso para conseguir una serie de objetivos con un fin último: evitar una muerte lenta que viene amenazando a los agricultores de la provincia desde hace ya años. El sector está, según sus propias palabras, «en peligro de extinción» si no se toman medidas que defiendan el modelo agrícola almeriense.

Los costes de producción, la crisis de precios, el fraude en las importaciones o la sequía recurrente son las principales amenazas para un modelo de explotaciones familiares, reconocidas por su excelente gestión de unos mínimos recursos hídricos y por ser la huerta que alimenta a Europa. Y los agricultores han dicho basta, unidos para alzar la voz y que sus reclamaciones lleguen a las administraciones competentes y al resto de la sociedad. Porque, alertan, la situación es cada vez más precaria, con las pequeñas parcelas cada vez menos rentables, la ruina acechando a los productores y pocas perspectivas de que vaya a mejorar si no se ponen en marcha medidas como las que exigen.

Las organizaciones agrarias de Almería, COAG, ASAJA y UPA, y las comercializadoras del sector hortofrutícola, ECOHAL y COEXPHAL, convocaban el paro, al que se sumaron sindicatos como UGT y organizaciones como la Mesa del Agua y FERAL, además de instituciones como  la Diputación Provincial o ayuntamientos de localidades eminentemente agrarias, como El Ejido o Níjar. Asimismo, a las protestas se sumaron los agricultores de provincias vecinas como Granada y Málaga, también amenazados por los mismos motivos que los de nuestra provincia.

En la capital, más de 20.000 agricultores según los organizadores, o 16.000 según fuentes policiales, se sumaron a la marcha que partió desde el parque de las Almadrabillas, subió por la Rambla y recorrió las calles Obispo Orberá y el Paseo hasta la Plaza Circular, donde los convocantes leyeron un manifiesto con las reivindicaciones que hacen a las distintas administraciones públicas.

Los convocantes han anunciado además que esta movilización va a ser solo el primer paso en una serie de acciones para movilizar al sector y conseguir la atención de las administraciones europea, española, andaluza y locales, para denunciar que «el sector hortofrutícola almeriense se encuentra en una situación límite, con una crisis estructural -que no coyuntural- que viene padeciendo desde hace varias campaña y que en el comienzo de esta se ha agudizado aun más, abocando a empresas y agricultores a un estado calamitoso». Así, las organizaciones coincidieron al señalar que «los agricultores europeos compiten en un mercado propio con costes fiscales, ambientales, sociales y salariales mucho más elevados que los productos procedentes de terceros países», lo que está acabando con las empresas familiares de la provincia. 

Asimismo, denunciaban que «las Administraciones públicas han abandonado al sector agroalimentario español y sobre todo al sector de las frutas y hortalizas, que tiene que vivir del mercado europeo, un mercado que la Unión Europea ha entregado a las grandes cadenas de distribución, impidiendo a la horticultura que pueda ser competitiva y utilizándolo sistemáticamente como moneda de cambio en acuerdo con terceros países».

Reivindicaciones del sector agrario

Las reivindicaciones del campo almeriense están concentradas en cuatro puntos. Primero, quieren «sensibilizar a todas las administraciones de la crisis del sector hortofrutícola español en general y del modelo Almería en especial». Para ello, quieren informar de la falta de rentabilidad de muchas explotaciones agrarias de tamaño pequeño y medio, mostrar el inminente riesgo de desaparición de cultivos importantes para Almería, como el tomate, estudiar las posibles ayudas e incluso la reducción de costes para algunos ‘inputs’ de producción, como la energía, el agua o la fiscalidad, y que se aprueben medidas urgentes para la erradicación de problemas en la zona de producción, como la limpieza del campo y los asentamientos de chabolas.

Otro punto es el de «acabar con la competencia desleal de terceros países», con medidas para el control de importaciones extracomunitarias mediante la restauración de los certificados de importación, un mayor control de las tasas arancelarias, la revisión de los precios mínimos de entrada de productos extracomunitarios así como la erradicación del etiquetado fraudulento de estos últimos, al haberse detectado que se hace pasar por almeriense una vez llega aquí.

Asimismo, los agricultores almerienses piden «establecer un fondo paralelo y específico para la gestión de crisis para todo el sector hortofrutícola», que se lleve a cabo «como una medida nueva al margen de los programas operativos de las OPFH y al alcance de todos los agricultores en igualdad de condiciones». Y por último, «diseñar con carácter de urgencia mecanismos a través de reglamentación europea, para evitar imposiciones comerciales de las cadenas de distribución y supermercados europeos».  

Fuerte aumento de costes de producción

Luis Miguel Fernández, gerente de COEXPHAL, explica que «el discurso que nos viene es que todo va bien, que el campo de Almería lo aguanta todo, que los agricultores ganan mucho dinero… y no es verdad», y recuerda «la falta de rentabilidad de muchas explotaciones agrarias de tamaño pequeño y medio». El modelo de Almería es el de la explotación familiar, «pequeña, de unas dos hectáreas», señala Fernández, que alerta de que «hay un riesgo inminente de desaparición de algunos cultivos importantes en Almería por la subida espectacular de los costes en los últimos años». Así, asegura «que el tomate está a punto de desaparecer por lo mismo que desapareció la judía». El problema, además, es que quien deja el tomate se dedica a otro producto, que pasa a estar sobreproducido, provocando a su vez que este nuevo producto entre en crisis, como está pasando con la berenjena.

«Campaña tras campaña, el agricultor va perdiendo renta y se va endeudando», cuenta Andrés Góngora, secretario general de COAG Almería, que se pregunta: «¿Hasta cuándo va a poder aguantar el sector.  «Llevamos al menos 15 años con los precios bajando», denuncia Pascual Soler, presidente de ASAJA Almería, que añade que además «cada año los costes de producción van subiendo». En este sentido, Soler señala que este último año ha subido un 22% el coste de la mano de obra y la Seguridad Social sin que puedan repercutirlo en los precios. Así, los agricultores apuntan a que la subida del Salario Mínimo Profesional también ha reducido la rentabilidad de productos como el tomate, para el que se necesitan seis o siete trabajadores por hectárea, frente a uno que se necesitan por hectárea de calabacín o pimiento. 

Esta partida no se ha logrado trasladar al precio de venta, estrechando aun más el escaso beneficio que le quedaba al agricultor, e incluso haciendo que pierda dinero con ese cultivo y busque otros más rentables pero que, al final, también acaban colapsados por un exceso de producción. En esta línea, también quieren que los sueldos no solo se paguen por hora, sino que se incluya la productividad a la hora de fijarlos. Algo para lo que, recuerdan, hace falta que se firmen los convenios que llevan años sin aprobarse.

Esta caída de la rentabilidad amenaza ahora al cultivo de tomate en Almería, tras haber provocado que otro producto importante hace años, como la judía verde, haya casi desaparecido de la provincia. «La rentabilidad se ha perdido porque se necesita mucha mano de obra», confirma Soler. Además, recuerda que en los últimos años «se han perdido entre 6.000 y 7.000 hectáreas de tomate», que es el que más riesgo corre, por el aumento de los costes de producción, como la mano de obra o la electricidad. Por todo ello, el presidente de ASAJA Almería celebra que a esta reivindicación se hayan sumado las alhóndigas y cooperativas, porque «podemos tener empresas que vayan muy bien, pero si el agricultor no va bien, a la larga no irá bien nadie». 

Fraude en las importaciones y el etiquetado

La importación a terceros países también está en el punto de mira de los agricultores almerienses, que denuncian que no entra más cantidad de producto del que está acordado por la UE y, además, que se reetiqueta para hacerlo pasar por almeriense. «Han crecido las importaciones de terceros países y aquí está perdiendo espacio», asegura Góngora, que advierte de que el agricultor almeriense se está quedando «sin qué sembrar».

Por ello, exigen «medidas para el control de las importaciones extracomunitarias», dice el gerente de COEXPHAL, «con la recuperación de los certificados de importación y el control de las tasas arancelarias», porque, asegura, «el año pasado entraron 350.000 toneladas de tomate y solo pueden entrar 320.000».

Otro problema añadido relacionado con las importaciones de países extracomunitarios es el del etiquetado fraudulento, que el sector denuncia que no se controla. «Hay mucha gente que está comprando el producto de Marruecos y lo pone como de origen español, y eso nos está matando», asegura Luis Miguel Fernández. En este sentido, la Consejería de Agricultura tiene en marcha una campaña de inspecciones y ya ha detectado cinco empresas que reetiquetan productos, por lo que han sido expedientadas. Pero los agricultores piden más y exigen que se dé a conocer qué empresas son, algo que desde la Junta hasta el momento no han revelado.

En este sentido, Pascual Soler denuncia que «Bruselas lleva muchísimos años mirando para otro lado, sin hacer controles y cada uno mete los productos que le da la gana». Y recuerda que nunca han recibido información de cuánto se recauda por aranceles. Además, asegura que en estos productos de terceros países se han llegado a encontrar residuos que no está permitido que lleven los que se cultivan en Almería y el resto de Europa.

A nivel europeo, los agricultores almerienses también están hartos de las imposiciones de las grandes cadenas de distribución, que exigen a los productores tipos concretos de embalaje, promociones comerciales a costa del proveedor «cuando a la cadena le apetece», dice Fernández, «que es justamente cuando mejor estamos vendiendo», así como distintos tipos de protocolos de calidad que certifican lo mismo y cuyo coste no se traslada al precio de venta. En este sentido, el secretario general de COAG Almería asegura que es necesario que «el mercado del sector agroalimentario se dote de normas para que los agricultores podamos defendernos ante la posición dominante de las cadenas comercializadoras».

Con una nueva legislación, se podrían trasladar estos costes de producción al precio del producto, algo que ahora no pueden hacer, dando algo más de margen al agricultor. «Llevamos con los mismos precios desde hace 20 años pero los costes han subido entre un 200% y un 300%, por lo que hay muchos agricultores que no llegan y empresas que están cerrando», cuenta el gerente de COEXPHAL.

Asimismo, los agricultores denuncian que se identifique siempre a la agricultura almeriense con problemas que, aseguran, no genera la producción agraria, o al menos no en exclusiva, como los asentamientos de chabolas o la inmigración, así como la suciedad del campo. 

Controles en los puertos

Además del aumento de inspecciones contra el reetiquetado, desde la Consejería de Agricultura anunciaba en una reunión con representantes de COAG, ASAJA, UPA, COEXPHAL y ECOHAL previa a la jornada de movilización que reclamará al Gobierno central, controles «más exhaustivos» sobre las productos importados que entran por los puertos y que se refuercen los Puntos de Inspección Fronteriza. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, aseguró entonces que «tenemos que saber las toneladas que han entrado, cuáles han sido los pagos aduaneros y los análisis realizados sobre fitosanitarios». Asimismo, anunció que la Consejería ha solicitado al Ministerio los datos de importaciones para analizarlos.

En la misma reunión, Crespo explicó a los representantes de los agricultores que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible va a poner en marcha una mesa de frutas y hortalizas que elabore las propuestas que se quieren incluir al Plan Estratégico Nacional de la futura Política Agraria Común, así como para estudiar las posibles modificaciones de la nueva Organización Común de Mercados Agrícolas.

Con este panorama general, «como el año no mejore un poco y no tengamos un poco de suerte, lo vamos a pasar muy mal», advierte el gerente de COEXPHAL. Por este motivo, las movilizaciones van a continuar a lo largo de la temporada con distintos actos que el sector, unido por su propia supervivencia, irá anunciando según evolucione la situación. Porque, como señala Andrés Góngora, «para nosotros es muy importante la unidad de acción de futuro y que después del 19 los agricultores sigamos unidos».  

La falta de agua amenaza las cosechas del Levante y el Almanzora

La sequía endémica de Almería es otra de las graves amenazas que están asfixiando al sector agrario almeriense. En particular, a la comarca del Almanzora y la zona del Levante, donde corren el riesgo de quedarse sin poder regar en pocas semanas si no llueve. Incluso peligra el abastecimiento general. Como solución coyuntural, la Junta de Andalucía aprobó realizar sondeos de emergencia. Finalmente, se aprobó solicitar 100 hectómetros del trasvase del Negratín, que está pendiente de aprobación final por el Gobierno central. 

José Antonio Fernández, portavoz de FERAL y la Mesa del Agua, asegura que a ellos les parece bien «si se hacen pozos de emergencia o si se trae agua del Negratín aunque esté por debajo del nivel, pero lo que sea que lo hagan ya». Y advierte de que «la situación del Almanzora, si no llueve de aquí a enero, va a ser bastante grave, se pasará de las restricciones a cortar el agua». En cualquier caso, añade Fernández, «desde la Mesa del Agua vamos a seguir trabajando para garantizar el agua en la provincia de Almería, porque sin agua no habrá tomates, ni pimientos, ni lechugas».

En la misma línea, Pascual Soler, presidente de ASAJA Almería recueda que «en Almería nunca hemos tenido agua y por eso la respetamos mucho» pero «la administración no está haciendo sus deberes». Así, denuncia que «en el Levante tenemos plantaciones que vamos a tener que dejar de regar por falta de agua» y que «si no llueve y no mandan agua del trasvase del Negratín, habrá que parar de regar las plantaciones de lechuga, coliflor y otros cultivos al aire libre porque no habrá agua». 

Esto tendrá una repercusión muy negativa con los clientes, recuerda Soler, ya que ante la falta de producto almeriense, los buscarán en otros mercados. «La situación es lamentable en esta comarca por la dejadez de los políticos», concluye el presidente de ASAJA Almería.

Andrés Góngora, secretario general de COAG Almería, considera que el trasvase solo puede ser solución de emergencia, pero no a largo plazo. Y esto es algo en lo que, explica, hay que trabajar ya para solucionar de una vez por todas este problema recurrente en cada temporada agrícola. «Hay que avanzar en la garantía de abastecimiento, y para eso la desalación, la depuración, los nuevos sistemas de aprovechamiento de agua, son fundamentales», cuenta el secretario general de COAG Almería, que añade que «en un sector como el hortícola, el trasvase tiene que ser un complemento, porque un trasvase te da agua pero no te garantiza el abastecimiento en una coyuntura de sequía». 

Asimismo, Góngora tiene claro que «tenemos que recuperar recursos que hemos sobreexplotado a lo largo de los años y para eso hace falta inversión, que el Estado tiene que desarrollar, pero que luego recupera con mucha rapidez». También señala a la Junta de Andalucía, porque «tenemos un déficit con los ‘papeles del agua’, y un limbo legal de aguas públicas y privadas, con el que hay mucha incertidumbre». Por ello, dice, «la Consejería, antes incluso de hablar de inversiones, tiene que dotar de seguridad jurídica a las concesiones en materia de agua».

(Reportaje publicado en el número de diciembre de 2019 de la revista Foco Sur).