En menos de una década, el acuífero del río Aguas se habrá secado. Este es el terrible escenario que la asociación Acuíferos Vivos prevé si no se actúa ya para dejar de exprimir al que es, según aseguran, el acuífero más sobreexplotado de Andalucía. Si para entonces tampoco se ha conseguido canalizar el agua desalada desde Carboneras ni llegan trasvases, la producción agrícola de la comarca estará condenada a desaparecer, alertan. 

Aunque la enfermedad está diagnosticada, falta conocer la gravedad y, además, planear soluciones que no impliquen la amputación del motor económico de la zona y de la provincia: la agricultura. Una combinación complicada que pasa, según los productores y el Gobierno andaluz, por la construcción de las conducciones al Campo de Tabernas desde la desaladora de Carboneras. Desde Acuíferos Vivos proponen la elaboración inmediata de un estudio urgente que sustituya al presentado por la Diputación de Almería hace doce años, justo antes del comienzo del ‘boom’ de explotaciones de olivar en superintensivo. La situación actual, prevén, será mucho más grave de lo que ya se concluyó en 2005.

La gravedad del problema del acuífero del río Aguas es tal que ha llegado al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, con sede en Bonn, Alemania, que el pasado mes de noviembre, tras una denuncia presentada por Acuíferos Vivos, sentenciaba que «de persistir la extracción de aguas subterráneas más rápido de lo que puede reponerse y privar a las comunidades autóctonas del recurso agua que las nutren, viola los derechos de los sistemas ecológicos de Almería y viola los Derechos Humanos de los habitantes locales, incluidos los derechos de las generaciones futuras». El fallo fue leído por un famoso abogado ambientalista, Cormac Cullinan, y en la sentencia se señalaba también a los culpables del estado del acuífero: la administración responsable de la gestión del agua, las explotaciones superintensivas de olivar y las personas involucradas en la autorización de la sobreexplotación de los recursos, que no han cumplido con sus obligaciones.

«La sentencia se transmitirá a diversos organismos, la UE, la ONU y bastantes más, pero es un papel mediático el del Tribunal, más que sentenciador y ejecutor», reconoce el profesor de la Universidad de Almería José María Calaforra, presidente y portavoz de Acuíferos Vivos, que adelanta que la asociación va a «continuar con las movilizaciones» y que mantienen dos vías abiertas, con la Diputación de Almería y con la Junta de Andalucía, para avanzar en una solución que no admite mucho retraso.

Más sobreexplotación

Con los grupos políticos de la Diputación (excepto el PP, con el que tienen la reunión pendiente), buscan que se actualice el estudio de 2005 sobre el estado del acuífero. Desde ese año no hay ningún estudio, y es entonces «cuando empiezan las grandes explotaciones con balsas de miles de metros cúbicos» de agua, explica Calaforra, que calcula que «en total puede haber hasta medio hectómetro cúbico embalsado en distintas zonas». Como han pasado doce años desde aquel estudio, «no existen datos fehacientes de cuánto se está extrayendo de verdad en ese acuífero», continúa el presidente y portavoz de Acuíferos Vivos.

Según el Plan Hidrológico Nacional, la sobreexplotación del acuífero del río Aguas es de entre el 300% y el 400%, dependiendo de si se toma toda la zona de influencia, hasta Mojácar, o solo la que corresponde a Tabernas y Sorbas. El segundo caso es cuando sube al 400%. Sin embargo, Calaforra está seguro de que en realidad, el porcentaje real «está muy por encima». Así, el profesor explica que «si, en números redondos, tenemos una recarga de 5 hectómetros cúbicos anuales y se están extrayendo 16 hectómetros anuales, que sería ese 300%, en realidad puede estar por encima de 25 hectómetros cúbicos lo que realmente se está extrayendo ahora mismo». Esto daría una sobreexplotación del 500%.

Para hacerse una idea de la gravedad del asunto, recuerda que en 2005, cuando la Diputación encargó el estudio porque ya había problemas de abastecimiento en algunas localidades de la zona, se calculaba que la sobreexplotación rondaba el 110%. Además, está el «semáforo» de cómo está el acuífero subterráneo, que es el manantial del río Aguas, «uno de los manantiales más importantes desde el punto de vista ecológico de Europa», afirma Calaforra, que explica que este manantial «estaba soltando unos 70 litros por segundo en los años noventa, y últimamente, según las mediciones que hemos hecho el grupo de investigación de recursos hídricos de la Universidad de Almería, son entre 10 y 20 litros por segundo». Además, asegura que «hay mediciones de los años setenta que hablan de un manantial de 120 litros por segundo, algo inusual en la provincia de Almería». Dado que el manantial es el punto de salida de toda la masa de agua, sirve para calcular cómo puede estar la situación bajo tierra. Y, como dice el profesor, «si desaparece el manantial, es que solo quedan los sondeos, y acabándose».

El estudio que proponen en Acuíferos Vivos mediría «el área que se está irrigando al año, y con esa irrigación, cuánto queda en el acuífero, y cuál es la curva de descenso que haría llegar a un punto cero en el manantial de Los Molinos», explica Calaforra, que en cualquier caso adelanta que «sí se puede ver que, con la curva de 120 litros, 70, 10, al manantial le queda una vida aproximada de unos cinco o siete años. De la próxima década no pasaría, quedaría seco». El manantial de Los Molinos está protegido, porque pertenece al Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas. «El problema es que el manantial está en el Paraje, pero la recarga no, está fuera», explica el profesor, así que «la recarga no está protegida», cuando «para proteger un manantial, en realidad, lo que hay que proteger es el sector de recarga que tiene».

Declarar el acuífero en mal estado

Para Acuíferos Vivos, se ha llegado a la situación actual por una serie de factores y señalan como responsables a la Junta de Andalucía, por ser la administración responsable del acuífero, y a las grandes extensiones de olivar en superintensivo que han proliferado en la última década. Por ello, han pedido a la Consejería de Medio Ambiente que se declare al acuífero en mal estado, «porque eso permite a la Junta dotarse de presupuesto para el próximo año dirigidos a intentar remediar el mal estado, tanto cualitativo como cuantitativo, que tiene el acuífero», explica el presidente de Acuíferos Vivos.

Además, la asociación pretende que la Junta revise todas las concesiones que extraen agua del acuífero. En este sentido, Calaforra asegura que «las concesiones que existen en la zona superan por mucho a las extracciones. Es decir, se extrae más de lo que hay, pero las concesiones que existen son muchísimas más de lo que se extrae. Hay una descompensación absoluta entre las concesiones, recarga y recursos».

Para llegar a esta situación, también se han cometido «ilegalidades», como «sondeos que no estaban legalizados o que habían sido profundizados sin ningún tipo de autorización, porque es imposible darla, o que habían sido reubicados en otro lugar, o se estaban utilizando concesiones de otros sectores para regar en sitios distintos», relata el profesor, que insiste en que «las irregularidades eran múltiples, pero son solo la cabeza del alfiler». En cualquier caso, reconoce que lo de las perforaciones ilegales es algo de lo que está «completamente seguro de que se está haciendo, porque no se pueden llenar balsas de miles de metros cúbicos con el acuífero neógeno superior, que es el que siempre ha alimentado todas las poblaciones». Así, alerta, «para tener tantísima agua tienes que bajar a acuíferos inferiores metamórficos, que incluso tienen problemas de radioactividad, como pasa por ejemplo en la zona de Tahal».

Expedientes sancionadores

De hecho, fue una denuncia de Acuíferos Vivos a la Junta de Andalucía la que hizo que se abriese una serie de expedientes sancionadores a los productores de la zona. Antonio Martínez, delegado territorial de Medio Ambiente en Almería, confirma que han mantenido «contactos con la plataforma, colaborando y compartiendo información» y que, a causa de esta información compartida, «la Delegación puso en marcha en junio de 2016 una serie de inspecciones por técnicos y agentes de Medio Ambiente, que supervisaron más de 5000 hectáreas de diferentes explotaciones y alrededor de 150 pozos». El resultado de estas inspecciones fue «la apertura de 15 expedientes sancionadores, que siguen su curso administrativo».

El problema es que la tramitación del expediente conlleva un proceso que se alarga más de un año, por lo que en Acuíferos Vivos consideran «muy lenta» la vía, dada la urgencia del problema. De hecho, hasta el momento solo se ha concluido uno, por el que se ha sancionado con una multa de más de 450.000 euros a Castillo de Tabernas «por la extracción de aguas subterráneas, mediante tres sondeos, sin la correspondiente concesión o autorización administrativa». Además, la condena, dictada por el Consejo de Gobierno andaluz, añade que «el responsable de la extracción deberá abonar una indemnización de 1,11 millones de euros por daños y perjuicios al dominio público hidráulico», así como «la imposibilidad por parte del propietario de obtener durante tres años préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio ambiente».

Las concesiones de sondeos

Otro de los factores que explican la situación de alarma actual en la zona es el de las concesiones para realizar sondeos de agua, que sobrepasan lo que el acuífero puede asumir sin verse perjudicado. Desde la plataforma Acuíferos Vivos, su presidente denuncia que «la Administración responsable del agua, que es la Junta de Andalucía, porque la cuenca sur está transferida, ha realizado una planificación igual a cero» en este capítulo. Por ejemplo, detalla, «no se han regulado los recursos convenientemente, las concesiones se otorgaron en su día pero no han sido revisadas, y los cambios de uso, que es cosa de la Consejería de Agricultura, de forestal a agrícola y de agrícola a regadío se hicieron sin ningún tipo de previsión, sin saber si había recursos hídricos».

Calaforra reconoce que «hay concesiones que son incluso anteriores a la Ley de Aguas del 90, y esas concesiones de aguas privadas continúan con su derecho». Pero, añade, «si llegas a un extremo que el acuífero se declara sobreexplotado, se puede hacer una revisión de las concesiones, o reducirlas, acorde a los recursos que tenemos». Y esto es lo que Acuíferos Vivos espera que la Junta de Andalucía lleve a cabo de inmediato. El problema es que buena parte del desarrollo económico de la comarca depende de esas extensiones de cultivo, por lo que se siguen buscando soluciones alternativas, como la canalización del agua desalada desde Carboneras, lo que implica una obra de ingeniería capaz de subir el agua hasta los 400 metros de altitud.

El delegado de Medio Ambiente reconoce que «es verdad que el acuífero está en mal estado», pero matiza «que tiene una serie de concesiones otorgadas por la extinta Confederación Hidrográfica del Sur, que pertenecía al Gobierno central» y recuerda que «la Junta de Andalucía no ha dado una concesión desde que asumió las competencias». Asimismo, considera que «la solución pasa por que el Gobierno central acometa las obras de interés general contempladas en el Plan Hidrológico y aprobadas por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en enero de 2016, que son la segunda fase de la desaladora de Carboneras y las conducciones al Campo de Tabernas». En total, Martínez considera que para solucionar el problema del acuífero del río Aguas «habría que construir una Junta Central de Usuarios, reordenar las concesiones y sumar el agua de la desaladora de Carboneras», siempre teniendo en cuenta que «el primer objetivo es garantizar el abastecimiento en una zona donde el agua es escasa».

José María Calaforra, por otra parte, afirma que «desde Acuíferos Vivos, cuando se habla de las desaladoras, preguntamos al Gobierno, a través de la Subdelegación a ver qué opina Medio Ambiente al respecto, si piensa hacer las conducciones y trasvases desde las desaladoras hasta el Campo de Tabernas y otros lugares, y la respuesta oficial es que no se va a actuar hasta el próximo horizonte hidrológico, el 2020-2027». Es decir, que no hay previsión de ponerse con ello hasta el mismo periodo de tiempo en el que Acuíferos Vivos calcula que se habrá agotado el acuífero.

En este sentido, su presidente explica que «hay estudios de escenarios futuros, y hay uno que es el del abandono del olivar. Se puede dar perfectamente, que dentro de cinco o diez años no tengamos acuífero, no exista posibilidad de llevar agua desalada a 400 metros de altura, no existan trasvases de ningún sitio, y se quede como un acuífero absolutamente sobreexplotado, sin posibilidad de sacar agua y, por lo tanto, el olivar abandonado». Calaforra concluye recordando que «es un escenario posible, de los que en Almería ya tenemos experiencia, como el abandono de la minería o el abandono de las parras».

Para el portavoz de la plataforma Acuíferos Vivos, la solución pasa por realizar una nueva planificación para la distribución de los recursos hídricos de los que se dispone, para lo que es indispensable, en primer lugar, realizar un estudio urgente, que esté listo a finales de invierno, con el que se evalúe cuál es la situación, que recursos se tienen y, a partir de ahí, volver a regular las concesiones. Desde la asociación entienden que esto choca con el modelo de desarrollo económico por el que se ha apostado en la zona, pero su presidente recuerda que «la Ley de Aguas estipula clarísimamente quiénes son los primeros en recibir agua, y son los municipios, el agua urbana. El segundo es el medio ambiente, los manantiales, los caudales ecológicos, etcétera. El tercero es la agricultura. Y el cuarto, la industria».

Primero las personas y el medio ambiente

El problema, asegura, es que «aquí muchas veces el tercero pega dos saltos y se pone el primero» y si acaba habiendo problemas de abastecimiento, se solucionan «a base de cubas». Por ello, considera necesario que se asegure «el suministro a la gente y al medio ambiente» y, con los recursos que queden, volver a regular las concesiones, ajustándose a la cantidad de la que se disponga. «El desarrollo económico no puede ser desorbitado», dice Calaforra, que insiste en que «cuando sepa los recursos que tengo sé hasta dónde puedo llegar, y si aumentan los recursos, podré seguir creciendo pero no es al revés, que extiendo el territorio almeriense con olivares o lechugas en cultivo superintensivo, de multinacionales, y luego, cuando no tengo agua, la pido».

En cualquier caso, encontrar una solución que frene y revierta la sobreexplotación del acuífero sin por ello limitar el desarrollo económico de una zona amenazada también por la despoblación no está siendo sencillo, al menos en la práctica. En la teoría, con el estudio y la nueva regulación de concesiones para dar aire al acuífero y la canalización de la desaladora de Carboneras para no dejar sin agua al Campo de Tabernas se podrían conciliar ambos objetivos. Ahora falta que los responsables de que se realicen les den la prioridad necesaria para no acabar con un acuífero seco bajo el desierto de Tabernas y los Filabres.

Problemas y soluciones

La sobreexplotación del acuífero del río Aguas es la más grave no solo de la provincia de Almería, sino de toda Andalucía, según los cálculos del Plan Hidrológico. Pero no es el único acuífero que corre peligro. Así, José María Calaforra, presidente de la plataforma Acuíferos Vivos, explica que «en Los Vélez hay problemas, desde hace bastantes años, en el manantial del Molino, que es uno de los que nutre a Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y parte del regadío de la zona, aunque es casi todo para abastecimiento».

En este caso, denuncia, la sobreexplotación también está relacionada con el auge de grandes plantaciones agrícolas. Así, explica que el descenso en este manantial «está relacionado aparentemente con el regadío de grandes explotaciones de lechuga que en la zona». El problema, en esta zona, es responsabilidad del Gobierno de la nación, señala Calaforra, ya que parte del acuífero pertenece a la cuenca del Segura, con lo que la gestión corresponde al Ministerio de Medio Ambiente.

También están escasos de agua en la zona del Almanzora, donde miles de regantes, convocados por la Mesa del Agua se manifestaron en octubre pidiendo que se construya una nueva desaladora en la comarca, que los mismos productores se comprometen a financiar hasta un 40%, y que se arregle la de Villaricos, que una riada dejó inservible en 2012 y que desde entonces espera a que el Gobierno se decida a acometer las obra de reparación para volver a funcionar. Asimismo, reclaman una ampliación de la desaladora de Carboneras y la de Balerma, recuperar la desaladora de Rambla Morales, construir una desalobradora en Balsa del Sapo, entre otras medidas para garantizar el agua en la provincia.

En el caso contrario, está el acuífero de Poniente, que gracias a la iniciativa de su Junta Central de Usuarios y la colaboración de la Junta ha puesto en marcha desde la pasada primavera un plan para ir usando cada vez menos agua del acuífero, para protegerlo. El último paso va a ser el utilizar energía solar para desalar el agua almacenada en la Balsa del Sapo, en El Ejido, en una iniciativa que busca «introducir las energías renovables en la desalación de agua a gran escala y contribuir eficazmente a la recuperación del acuífero del Poniente almeriense», según el comunicado de la Junta Central de Usuarios. Asimismo, se ha autorizado la reutilización de la EDAR de El Ejido para riego urbano. Dos medidas que presentó Susana Díaz en El Ejido el mes pasado, y que han nacido de propuestas de los regantes de la zona.

(Reportaje publicado en el número de diciembre de 2017 de la revista Foco Sur).