Sanidad pública, fuera de cobertura

El teléfono suena y suena pero nadie contesta; a través de la app Salud Responde no hay fechas disponibles o, con suerte, hay un par de huecos dentro de diez o doce días; largas colas para ser atendidos, quienes han tenido la suerte de reservar cita; esperas de hasta cuatro o cinco meses para ser derivado a especialistas… Son algunos ejemplos del estado actual de la sanidad pública en Almería, quejas generalizadas por parte de quienes intentan ser atendidos con cierta celeridad y ven que la única opción es acudir a Urgencias, aunque suponga esperas y coincidir con posibles casos de Covid o, quienes pueden permitírselo, acabar yendo a la privada.

El 19 de febrero, alrededor de 2.000 almerienses salían a la calle a reivindicar un cambio en la gestión de la sanidad pública en nuestra provincia. Convocada por los sindicatos CCOO y UGT, la manifestación que desembocó en la plaza de las Velas denunciaba “la pérdida de accesibilidad de los y las ciudadanas a los servicios sanitarios, así como el incremento de la brecha digital al excluir del sistema sanitario público a personas mayores, colectivo que sin embargo requiere una atención preferente”.

El problema tiene su origen, según denuncian los sindicatos, en las políticas aplicadas por el Gobierno andaluz a raíz de la pandemia. Así, señalaban que Andalucía es la Comunidad Autónoma con menos gasto sanitario público por habitante y denunciaban que la atención primaria está “absolutamente colapsada”. También apuntaban al cierre “inexplicable” de centros de salud en plena pandemia y a la falta de refuerzo de personal de Atención Primaria como causas del “colapso” de la sanidad. O al despido de más de 8.000 trabajadores y trabajadoras contratados como refuerzo al inicio de la pandemia, 200 de ellos en nuestra provincia. “Una situación caótica en plena tensión”, señalaban, “que ha provocado la sobrecarga de los y las profesionales e incluso el incremento de agresiones” a este personal.

Esta gestión, añadían los sindicatos, ha supuesto “un desgobierno absoluto de la sanidad pública, sin una planificación adecuada y sin refuerzo del sistema sanitario”, cuya consecuencia está siendo un “deterioro” de este sistema y, por tanto, de “la salud de todos los ciudadanos”.

Ganas de salir corriendo

La situación es problemática para los pacientes, pero no lo es menos para los profesionales sanitarios, que a sus ingentes cargas de trabajo llevan añadiendo estos dos últimos años el estrés generado por tener que trabajar en situación de pandemia.

“Hay momentos en los que quiero salir corriendo del hospital, porque no puedo más”, confiesa A, enfermera en un hospital de la provincia de Almería con más de diez años de experiencia y que, por si acaso, prefiere permanecer anónima. Ella reconoce que esta falta de personal  “es el problema de siempre”, viene arrastrada desde hace muchos años, pero “ahora, con el Covid, se suma que el tipo de trabajo es mucho más estresante para un personal que ya estaba bastante estresado, y seguimos siendo los mismos”.

Esto provoca que “si se pone enferma una compañera, tenemos que cubrirla entre todos, lo que suma aun más carga de trabajo”. Al final, sobre todo en los peores momentos de las seis olas de Covid que llevamos, acaban echando “muchas más horas extra, sobre todo para cubrir a esos compañeros que enferman, porque no llaman del SAS para contratar”. Porque asegura que ni ella ni sus compañeros en el hospital han visto por ningún lado “ese refuerzo de personal que dicen que han hecho”.

Al contrario, dibuja un panorama precario para estos profesionales de la salud, que suelen ser los de mayor contacto con los enfermos y los que se ocupan del seguimiento continuo de los hospitalizados. Esas horas extra provocadas por las bajas por enfermedad de los compañeros y que no se cubren son solo el último detalle. Una situación de precariedad que, además de sumar más estrés, es alarmante en el caso de los contratos eventuales, que son los habituales entre enfermeras.

Ella misma lo vivió en sus primeros años y sabe que la situación apenas ha cambiado, y porque desde Europa se instó a ello. “El personal eventual tiene siempre contratos cortos, te avisan de un día para otro o incluso te llaman por la mañana para incorporarte esa misma tarde”, relata. Y añade que ha llegado a tener contratos enlazados de cinco días en cinco días a lo largo de todo un año. “Cada cinco días tenía que coger el teléfono para ver qué me iban a dar, sin poder hacer nada ni planificar nada y con miedo a no poder coger el teléfono y que te sancionen”, rememora.

Otro problema añadido es que “los contratos eventuales que hacen no respetan horarios ni descansos, se van cubriendo huecos donde van surgiendo, sin horario estable”. Y la falta de previsión, que impide organizar una vida y, además, ha hecho que profesionales emigren ante la incertidumbre que se les planteaba en su tierra. “Siempre se dejan los contratos para última hora, lo que hace que muchos se vayan a otras comunidades, porque han estado esperando a que suene el teléfono y no suena, así que acaban yéndose a otro sitio”, explica A, que cuenta que incluso “en verano y Navidad, te llaman dos o tres días antes de que empiece el contrato, con lo cual, la gente ya se ha tenido que ir a otro sitio por miedo a quedarse sin trabajar”.

Alcaldes en defensa de la sanidad pública

La manifestación del día 19 de febrero no ha sido la única forma de protesta por el estado de la sanidad andaluza. En enero, los alcaldes socialistas de la provincia comenzaban una serie de movilizaciones mensuales frente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, en el Paseo.   

Agrupados en la Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas en Defensa de la Sanidad Pública, en sus protestas han venido reclamando una solución al “drama diario” que, dicen, se vive en los centros de salud y los servicios de Urgencias de los hospitales almerienses.

En la primera convocatoria de estas movilizaciones, los alcaldes de Fiñana, Cuevas del Almanzora, Viator y Lubrín, Rafael Montes, Antonio Fernández, Manuel Jesús Flores Malpica y Domingo Ramos, respectivamente, leyeron un manifiesto en el que decían que “la sanidad pública en Almería no puede dejar pasar ni un solo día más en el que la atención telefónica siga siendo imposible, como es actualmente, porque nadie responde las llamadas”. Y añadían: “Salud Responde, como Moreno Bonilla, no responde”.

La respuesta oficial llegó también desde Almería, donde el portavoz del Partido Popular de Andalucía, Ramón Fernández-Pachecho, denunciaba la “estrategia de utilización partidista de la sanidad pública andaluza” por parte del PSOE y exigía a su secretario general, Juan Espadas, que también ha reclamado soluciones a la situación actual, que “en lugar de manosear la sanidad andaluza sea útil y le reclame a Pedro Sánchez los fondos Covid de 2022 para Andalucía”.

Asimismo, Fernández-Pacheco aseguró, como había dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras el Consejo de Gobierno celebrado en la Alcazaba de Almería en enero, que “el nuevo gobierno de Andalucía ha incrementado la plantilla de la sanidad pública en 30.000 personas desde su llegada en 2019, lo que equivale a un 30% más”.

En febrero, la Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas volvía a manifestarse frente a la sede de la Junta en Almería. Esta vez, fue el alcalde de Serón y secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, quien denunció la situación sanitaria en la provincia. “Nos encontramos con esperas inaceptables para conseguir cita con el especialista de entre ocho y diez meses y estamos constatando que las personas que tienen dinero y pueden acceder a la sanidad privada se curan y las que no, tienen que esperar”, aseguraba Lorenzo.

Asimismo, reclamaba a Juanma Moreno que no se sustituyan las carencias de personal con más horas extra para el personal porque “es un grave error”, sino que se contrate a más sanitarios. Y recordaba que a finales de 2021 se habían despedido a  800 solo en la provincia de Almería.

Centros de salud cerrados

Otro de los problemas que denuncia la Plataforma es el del cierre de centros de salud en las poblaciones de menor tamaño. En este sentido, la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, aseguraba que en su municipio, con 22 barriadas y el más extenso de la provincia, permanecen cerrados 13 consultorios que previamente estaban en funcionamiento.

“Las personas mayores y las familias con menores encuentran problemas de movilidad para ser atendidos en su centro de salud y la atención que merecen se está viendo coartada por una decisión de Moreno Bonilla que no entendemos”, explicaba la alcaldesa, que añadía que “es imposible contactar telefónicamente” y que la situación de desatención sanitaria en Níjar “se está prolongando mucho en el tiempo”. Por ello, aseguraba que la Junta “está invitando a la gente a la sanidad privada, pero no todo el mundo puede pagarla, con lo que generará una brecha social importante”.

En esta misma línea, el alcalde de Fiñana, Rafael Montes, aseguraba que en la comarca  de Nacimiento hay pacientes esperando desde hace meses para tener cita con el especialista y que en los pueblos pequeños solo hay consulta “uno o dos días a la semana”. Además, se abre el consultorio gracias a las horas extra del personal sanitario. Por eso, vaticinaba que pronto “tendremos que sacar la tarjeta de crédito en lugar de la tarjeta sanitaria para recibir asistencia médica”.

El cierre de consultorios también afecta a Lubrín, según confirmaba su alcalde, Domingo Ramos. En este municipio de los Filabres llevan desde el inicio de la pandemia con siete centros cerrados. “Tenemos un territorio muy disperso y, poniendo como excusa la pandemia, se han reducido servicios”, aseguraba Ramos, que añadía que su pueblo ha pasado de tener dos médicos a solo uno para atender a los vecinos.

“Nuestra población es mayor y el médico tiene que salir continuamente a atenderla, con lo que el centro de salud queda totalmente desatendido si se produce otra urgencia”, explicaba Ramos, que exigía una “solución inmediata” al presidente andaluz.  

La Junta defiende su gestión

La Junta de Andalucía no solo niega que se haya empeorado el servicio sino que asegura que se ha contratado personal sanitario, con lo que ahora hay un 26% más que antes de que llegaran al Gobierno. Asimismo, explican que los tiempos de espera para conseguir cita en Atención Primaria han descendido en lo que va de año y que ahora la media de espera para poder ir al médico es de solo tres días.

“Este importante descenso se debe al intenso trabajo de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud y a la labor de seguimiento de la demora que se realiza desde las gerencias de los centros en coordinación con los servicios centrales”, confirmaba el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, Diego Vargas, quien destacaba al presentar estos datos la “apuesta firme y decidida del Gobierno andaluz por la Atención Primaria, como muestra la inversión de 14,7 millones de euros solo para las ocho primeras semanas de este año y que contemos con 410 médicos de familia más que en 2019”.

Salud explica que desde el pasado mes de enero se está llevando a cabo un programa de mejora de la accesibilidad por cobertura excepcional de profesionales en Atención Primaria. Esto significa que ante una baja, cuando no hay posible sustituto en la Bolsa de Empleo del SAS, se ofrece la sustitución a otro trabajador del mismo centro de forma extraordinaria. Esta medida se está implementando en toda Andalucía, para medicina de familia, enfermería y pediatría, todas ellas dentro de la Atención Primaria, con un presupuesto de alrededor de un millón de euros en los dos primeros meses del año.

Asimismo, como medida urgente, a finales de diciembre se puso en marcha un programa de mejora de la accesibilidad de especial rendimiento para disminuir la demora en consultas de médicos de familia en más de 300 centros de salud de Andalucía. La medida supone un coste de cerca de un millón de euros mensuales.

En Almería, la vicesecretaria de Bienestar Social del PP provincial, Rocío Sánchez, aseguraba tras la manifestación que “nuestro sistema sanitario se ha reforzado como nunca en la historia de la provincia” y que pese a las “advertencias apocalípticas del PSOE, la sanidad pública en Almería cuenta en la actualidad con más presupuesto, más profesionales, más camas y mejores infraestructuras que nunca”.

Así, Sánchez afirmó  que las manifestaciones en defensa de la sanidad pública celebradas en toda Andalucía son “políticas” y han sido instrumentalizadas por el PSOE para tratar de sacar “tajada política” de la pandemia.

Mientras tanto, la realidad es que conseguir cita vía la app Salud Responde sigue siendo una odisea y el propio personal sanitario reclama un esfuerzo para mantener el sistema con la calidad adecuada, tras dos años trabajando al límite de sus fuerzas.  

Piden 500 profesionales para Almería

Almería tenía, según los últimos datos de la Junta de Andalucía, a finales de 2021, 2.475 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud. En total, Andalucía cuenta con 103.790. Esto incluye a médicos y enfermeras, pero también administrativos, celadores y el resto de personal necesario.

En casos concretos como en enfermería, el ratio de enfermeras por cada mil habitantes es de 4,3, según denunciaba el pasado mes de noviembre el sindicato de enfermería SATSE. Lejos de la media nacional, que asciende a 5,3 por cada mil habitantes. Y muy lejos de las recomendadas y de la media de los países europeos, que es del doble, con 8,8 enfermeras para cada mil habitantes.

La situación también es preocupante en la Atención Primaria, según denuncian desde el sindicato CSIF, que días después de la manifestación realizaba un acto de protesta para reclamar un refuerzo estructural en la provincia. “Hacen falta pediatras, matronas, psicólogos, nutricionistas, enfermeras o administrativos, entre otros perfiles, para dotar adecuadamente la Atención Primaria en función de las necesidades demográficas de cada centro de salud”, aseguraba Antonio Moreno, responsable de Sanidad de CSIF Almería. Y fue contundente con las cifras: la provincia necesita 500 profesionales y que el presupuesto para el SAS aumente “hasta  un 7,2% del PIB, destinando el 25% a la Atención Primaria”.

(Reportaje publicado en el número de marzo de 2022 de la revista Foco Sur).

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