La imagen recorrió el país la tarde del pasado 22 de febrero: un grupo de jubilados rompía el cerco policial alrededor del Congreso, durante la concentración en defensa de unas pensiones públicas y dignas. Lo que no había conseguido el movimiento del 15M lo lograban hombres y mujeres en edad de estar disfrutando de su retiro en lugar de estar peleando por la pensión que reciben tras décadas de trabajo; en edad de disfrutar de sus nietos, no de luchar para que estos tengan los mismos derechos laborales que ellos en el futuro. 

Las manifestaciones, convocadas en esta ocasión por la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas, plataforma que aglutina a diversos partidos, sindicatos y asociaciones, se celebraron por toda la geografía española, con éxito de asistencia también en lugares como Bilbao, donde más de 3000 pensionistas tomaron la calle hartos de un Gobierno que les «roba» y que les ha dado «unas pensiones de mierda», por lo que muestran un lazo marrón reivindicativo. La protesta también llegó a Almería, aunque con menos revuelo, al coincidir con otra concentración convocada por UGT y CCOO para reclamar el fin de la brecha salarial, un aspecto que, además, también influye en las pensiones.

El detonante de la movilización ha sido la subida de un 0,25% en las pensiones de este año, que el Gobierno decidió anunciar a los interesados enviándoles una carta donde se contaba la subida que iban a tener. El problema es que esa subida es de apenas euro y medio, dos en el mejor de los casos. Una cantidad irrisoria comparada con las subidas de IPC, luz, agua o alimentos. Y en familias para las que, en tantos casos, la pensión del abuelo o la abuela sirve de sustento al que la recibe pero también a sus hijos y nietos. Así que si a esta subida mínima se añade que el Gobierno ha comenzado a dejar caer que es buena idea hacerse planes de pensiones privados, la mecha está prendida. Porque la pólvora, además, venía esparciéndose desde la reforma de la ley de pensiones, en 2013, y con más velocidad desde el pasado otoño, cuando los sindicatos comenzaron a intuir la que se avecinaba.

A finales de septiembre del 2017, varias marchas de pensionistas partieron de diversas localidades del país para unirse en Madrid, en el que fue el primer acto contundente para protestar por la situación de los jubilados, celebrado el 9 de octubre. La suerte quiso que la llegada coincidiera con el revuelo general provocado por el ‘procès’ independentista de Cataluña, que acaparó titulares, portadas y espacios informativos. Pocos se enteraron de las reivindicaciones de los jubilados, ocupados en desentrañar cada movimiento de Puigdemont, Junts x Sí, la CUP y, en el otro lado, los partidos constitucionalistas y el Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Primavera caliente

Para los afectados, curtidos en mil batallas y con la serenidad de quien tiene poco que perder y mucho que ganar, la espera no ha sido un problema. Se han organizado, han decidido, a nivel sindical, ir de la mano y que sea asunto prioritario, y han programado una primavera caliente de movilizaciones y actos de protesta.

El objetivo es que se reúna el Pacto de Toledo, que el Gobierno lleva años sin convocar, para que se debatan las propuestas alternativas a lo aprobado por el Ejecutivo que han presentado y que, aseguran, servirían para asegurar las pensiones de ahora y del futuro y, asimismo, volver a llenar la llamada «hucha de pensiones» que el Gobierno actual ha dejado prácticamente a cero, según denuncian los sindicatos.

«Llegamos a tener una hucha, que se dice pronto, con 67.000 millones para que cuando hubiese situaciones como la crisis se pudiese tocar de ahí, si había dificultades para pagar las pensiones», explica Javier Ayestarán, secretario provincial del sindicato de pensionistas de CCOO en Almería. «Y eso el PP lo ha malgastado. A la hucha no le queda nada», continúa, y si «le queda es porque se ha puesto una partida presupuestaria, porque no hay dinero en la caja y no han querido que se quede a cero. Quedan unos 7000 millones, que no es nada, da para pagar las pagas extraordinarias».

Por este motivo, hay convocadas nuevas movilizaciones en toda España el 1 y el 15 de marzo. También en Almería. Y los pensionistas quieren que los jóvenes se desperecen y acudan, porque en realidad es a estos a quienes más puede afectar que el actual sistema de pensiones se desmantele. «Las pensiones actuales están más o menos garantizadas, pero la cuestión es la de las pensiones futuras», advierte Carmen Vidal, secretaria general de UGT Almería.

«Como los jóvenes no peleen, no van a tener pensiones», afirma con rotundidad Javier Ayestarán. A pesar de la que se avecina, los jóvenes «no se están implicando suficientemente», reconoce Ayestarán, que entiende que «la gente joven está preocupada de tener trabajo, y luego de que el trabajo que tengan sea digno. Por eso pedimos pensiones dignas y trabajos dignos», porque para asegurar las primeras es necesario que haya salarios en condiciones.

Y no son las únicas movilizaciones y protestas previstas, ya que otros movimientos están siguiendo el ejemplo y comenzando a salir a las calles a reclamar lo que consideran justo. Así, por ejemplo, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha convocado una huelga general de mujeres para reivindicar una sociedad más justa e igualitaria, y que se va a seguir en cerca de 150 países. En este mismo mes, hay prevista una ‘Marcha Básica’ a Madrid para exigir la implantación de una Renta Básica Universal. Y más adelante, en mayo, volverán las protestas contra la precariedad laboral.

En el caso de las pensiones, «el Gobierno nos está haciendo ver, poco a poco, a base de pequeños mensajitos que van lanzando, que hay un problema, un déficit económico enorme, y que ese déficit a ver cómo lo vamos a subsanar», cuenta Vidal, «y claro, si nosotros contribuimos con nuestras nóminas, que son cada vez más bajas porque las reformas laborales así lo han hecho, y con trabajos eventuales, lo que te van quitando es tan poquito que dentro de unos 25 años la pensión va a ser ridícula».

Devaluación de las pensiones

Según los cálculos de economistas para un informe elaborado por UGT, una pensión que hoy sea de 1000 euros, en 25 años será de 600. Por eso, asegura la líder del sindicato en nuestra provincia, «no vamos a firmar ningún acuerdo en el Pacto de Toledo que no conlleve la derogación de la ley de reforma laboral y de la ley de reforma de pensiones de 2013».

Con la situación laboral actual, con los jóvenes que no empiezan a cotizar hasta casi los 30 años, o haciéndolo por unas pocas horas semanales, el panorama futuro es muy incierto. Y con la reforma de las pensiones, estas se van a ir devaluando y, además, la edad de jubilación irá subiendo.

Es decir, que habrá que trabajar más años para poder cobrar, y además para cobrar menos. En Educación, pone como ejemplo la secretaria general de UGT Almería, «los nuevos profesores van por la Seguridad Social, no por Muface, con lo que se tendrán que jubilar a los 67 años. Y un maestro, con 67 años, que me expliquen a mí cómo puede impartir una clase en Educación Infantil».

En la raíz del problema está el plan, según consideran los pensionistas y los sindicatos, de que se trata de un plan orquestado para, a medio plazo, acabar con el actual sistema de pensiones y que en la jubilación todos dependamos de planes privados contratados en el banco. «Detrás de esto hay unos intereses muy grandes, fundamentalmente de la banca, para privatizar las pensiones», asegura el secretario provincial de los pensionistas de CCOO. El problema es que con sueldos de mil euros o menos, «a ver qué plan de pensiones se van a hacer».

En la misma dirección apuntaba Fernando Martínez, secretario general del PSOE de Almería capital, en una de las asambleas vecinales que están celebrando para informar de este asunto en los barrios de la ciudad. Para el exalcalde de Almería, el PP está apostando «“por la privatización del sector» y por eso están animando a la gente «a abrir planes de pensiones privados, que es algo que la mayoría de la gente, sin recursos económicos suficientes, no puede hacer». Los socialistas llevan ya tres de estas asambleas y tienen programadas otras en los barrios de El Zapillo, el 7 de marzo; Regiones, el 14 de marzo; La Cañada, el 21 de marzo; y Casco Histórico, el 4 de abril.

Almería, a la cola

En Almería, el futuro de las pensiones es aun más preocupante. En la actualidad es la tercera provincia con las pensiones más bajas en todo el país, y está a la cola en Andalucía, con unos 750 euros de media. En total, hay unos 100.000 pensionistas en nuestra provincia, en la que además, el paro y los trabajos precarios son también habituales, lo que dificulta aun más que los trabajadores actuales vayan a poder optar a pensiones dignas en los próximos años.

Las soluciones, coinciden los sindicatos, pasan por convocar el Pacto de Toledo para poder debatir las propuestas, que de llevarse a cabo aportarían, según calculan, 47.800 millones de euros anuales. Entre estas medidas, destaca la de aumentar en un 2%, de forma temporal, los tipos de cotización con que se financian las pensiones, a cargo de empresas, trabajadores y Estado. Esto aportaría 7000 millones. Asimismo, proponen activar políticas de empleo para volver a cifras de paro previas a la crisis, lo que sumaría unos 15.000 millones más; aumentar la base de cotización de los que ganan más de 3500 euros mensuales, que tienen esta cifra como techo de cotización; que el Estado asuma los gastos de administración de la Seguridad Social, equiparando a estos trabajadores al resto de funcionarios, ya que ahora esa partida no sale de los Presupuestos Generales del Estado, sino del fondo de pensiones; o que se luche de forma eficaz contra la economía sumergida, lo que aportaría unos 11.000 millones.

«Nos están diciendo que las pensiones no son posibles… Las pensiones son posibles, lo que hace falta voluntad política y que todos estemos de acuerdo», asegura Javier Ayestarán, que considera que «hay propuestas muy interesantes para garantizar las pensiones de hoy y las pensiones de mañana». Mientras el Pacto de Toledo se reúne, los pensionistas prometen continuar dando la batalla para que sus nietos tengan en el futuro una pensión que les sirva para vivir. Por eso, esperan que los jóvenes reaccionen y les acompañen en esta protesta social que está despertando, siete años después, el espíritu del 15M en nuestro país.

La brecha salarial, un problema que condiciona

Si los pensionistas han llegado al límite, la situación es aun peor para las mujeres, que arrastran la brecha salarial también a la hora de jubilarse. «Hemos hecho una investigación sobre la brecha salarial en las pensiones, y está demostrado que la hay, es enorme», explica Carmen Vidal, secretaria general de UGT Almería. Según esta investigación, la brecha salarial es de un 23%, lo que implica que «una mujer puede estar ganando unos 5700 euros menos anualmente» que un hombre. Y en el caso de las pensiones es aun peor. En nuestra provincia, «es de cerca de un 32%, porque la mayoría de las mujeres se han dedicado a cuidar de los niños, han dejado de contribuir, y tienen una pensión no contributiva, que no supera los 400 euros. Esa es la pensión de la mayoría de las mujeres en Almería», asegura.

Por esto, las pensionistas reclaman que «las mujeres tengan un sueldo digno para que sean capaces de llegar a la edad de jubilación con una pensión digna, equivalente a la de los hombres», explica Mercedes Nodar, jubilada y secretaria de organización del sindicato de pensionistas de CCOO. «No hay derecho a que con el mismo trabajo, el mismo esfuerzo y la misma categoría, las mujeres ganen al año 6000 euros menos», se lamenta, «es que la brecha es muy grande». Para poner el foco en su situación, el día 22 de febrero, a la vez que se convocaban las movilizaciones de pensionistas en toda España, también se llevaban a cabo otras concentraciones en toda Europa para reclamar medidas para acabar con la brecha salarial y, por tanto, también en las pensiones. En Almería, fue ampliamente seguida, en la Puerta de Purchena.

El informe de UGT, centrado en Andalucía, recoge datos que dan una imagen nítida del panorama. Por ejemplo, que de cada diez andaluzas de 20 a 64 años hay tres que no pueden o no quieren trabajar. O que son el 60% de la población inactiva que hay en la Comunidad Autónoma Andalucía. O que de cada 100 contratos a tiempo parcial en Andalucía y España, más de 70 son de mujeres. O que a lo largo de una vida laboral, son más de 67.000 euros de diferencia entre lo cobrado por un hombre y una mujer. Y en el caso de las pensiones, la situación se prolonga, con una brecha del 35,14% en Andalucía, lo que supone una diferencia de más de 300 euros al mes; más de 5000 al año. De hecho, en Andalucía casi un 70% de mujeres perciben una pensión menor al salario mínimo.

Incluso el Banco Mundial ha llamado la atención sobre este problema, asegurando que «lograr una mayor paridad de género en las ganancias podría generar un aumento del 18% en la riqueza del capital humano». Según el informe del sindicato, aprovechar el talento femenino podría aumentar el PIB entre un 6% y un 10% en Andalucía.

Para eliminar la brecha, se proponen medidas como promover una Ley de Igualdad Salarial, sancionar a las empresas y Administraciones que discriminen a las mujeres, restringir y endurecer las contrataciones a tiempo parcial, fomentar medidas de acción positiva para que las mujeres puedan trabajar en todas las ocupaciones y promocionar igual, recuperar los servicios públicos de cuidados y aumentar las medidas de conciliación en las empresas y Administraciones públicas, fomentar la corresponsabilidad en las familias y la equiparación de derechos, para que mujeres y hombres se alternen en el cuidado de menores y mayores, invertir dinero público en programas dirigidos a la igualdad en el empleo y retirar ayudas públicas a empresas o entidades que discriminen a mujeres.

Las demandas

Medidas de aplicación inmediata

– Incrementar dos puntos la cotización de contingencias comunes, que supondría un impacto anual de 7000 millones de euros y un aumento del 0,67% del PIB

Medidas de aplicación progresiva

– Incremento de las bases máximas de cotización en un 15%, que aportaría 1900 millones, un aumento del 0,18% del PIB

– Equiparación de las bases medias de cotización del Régimen de Autónomos y del Régimen General, que sumaría otros 7000 millones, con un aumento del 0,67% del PIB.

– Asunción por parte del Estado de los gastos de administración de la Seguridad Social, que añadiría 2640 millones, un aumento del 0,25% del PIB.

– Conversión de reducciones de las cuotas en bonificaciones, que aportaría 600 millones, un 0,06% en el PIB.

Medidas estructurales

– Políticas de empleo que permitan recuperar los trabajos perdidos durante la crisis, lo que sumaría otros 15.000 millones de euros, un 1,43% en el PIB.

– Lucha contra la economía sumergida, que aportaría 11.000 millones, con un impacto en el PIB del 1,1%.

– La financiación por el Estado de las prestaciones por muerte y supervivencia, de forma progresiva en un periodo prolongado, que añadiría otros 21.800 millones, con un impacto del 2,08% en el PIB.

En total, todas estas medidas sumarían 47.800 millones de euros al Fondo de Reserva, la “hucha de las pensiones”.

(Reportaje publicado en el número de marzo de 2018 de la revista Foco Sur).