La nueva regulación andaluza de venta directa va normalizar una práctica común como es la de que el agricultor venda al cliente sus productos en mercadillos, con una serie de medidas que van a favorecer que las empresas familiares o de pequeño tamaño puedan subsistir y que el consumidor acceda a productos locales de alta calidad. 

La imagen es un clásico que se repite en buena parte de los pueblos de Andalucía: vecinos pasean entre puestos de un mercadillo en el que compran tomates, lechugas o pimientos al propio agricultor que los ha cultivado y que acaba de recolectarlos. Una imagen que, a pesar de sucederse semana a semana, no estaba regulada hasta ahora, que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto por el que se va a normalizar esta venta directa al consumidor.

En total, veintidós productos primarios, agrarios y forestales, son los que se van a beneficiar de esta medida, que venía siendo “demandada por el propio sector”, según explicaba al presentar el decreto Carmen Ortiz, consejera de Agricultura, que añadía que sobre todo era una reivindicación de “los productores ecológicos”. Estos serán los principales beneficiados por la aprobación de esta normativa, ya que mantienen cultivos de tamaño más pequeño, en muchas ocasiones alejados de los circuitos comerciales convencionales, y con productos que en ocasiones dependen de la venta en el mercado local, cercano, para no perjudicar sus cualidades como consecuencia de largos viajes.

El nuevo decreto va a permitir que cada productor venda de forma directa al consumidor, restaurantes o pequeñas tiendas una cantidad fija de productos al año. Esta cantidad varía dependiendo del producto del que se trate, y fluctúa desde los 20.000 kilos para las patatas o las hortalizas de invernadero hasta los 2500 de setas silvestres o de cada variante de legumbres. Con su aprobación, se “da una viabilidad económica a muchas pequeñas explotaciones del entorno rural, que tienen una importancia ambiental decisiva en Andalucía”, aseguraba Ortiz, porque mantienen “variedades tradicionales o de razas autóctonas importantes para nosotros”. Asimismo, la normativa “proporciona una cobertura legal a los productores que quieren vender de forma directa, con unas garantías de seguridad alimentaria y de calidad”.

Ventajas para el productor y el consumidor

Según los cálculos del Gobierno andaluz, la regulación va a afectar a unas 183.000 explotaciones andaluzas, más del 75% del total, y la mayoría pequeños agricultores o recolectores. En el caso concreto de la producción ecológica, son 8000 productores en una extensión de 22.000 hectáreas. Uno de estos últimos es Sebastián Marín, dueño de la finca Los Frailes, en Alhama de Almería, que considera que “todo lo que sea facilitar que el agricultor pueda vender directamente es positivo”. Este reconocido parralero, en cuya finca se están recuperando variedades tradicionales de uva de la provincia, como la de Ohanes o la del cuerno, destaca que “al vender directamente ganamos todos, el que vende y el que compra, que sabe el origen, de dónde viene el producto”.

En la misma línea, Antonio Ortiz Oliva, alcalde de Abla, pueblo que celebra cada año un Ecomercado en el que se venden productos locales de todo tipo que se han cultivado en ecológico, asegura que “la venta directa, sobre todo en el caso de los productos ecológicos, tiene mucha importancia”. Por un lado, porque así “los consumidores pueden poner cara a quien hay detrás de la producción”. Pero también, por motivos económicos, porque se eliminaría la figura del intermediario y el agricultor tiene más margen de beneficio e incluso puede poner un precio mayor a su producto. Y aun así, Ortiz Oliva considera que “al consumidor le puede llegar el recorte de precio, aunque este sea mayor que el que el productor le pondría al intermediario”.

Asimismo, la venta directa “permite acercar la producción local de verduras y hortalizas, que tiene más difícil llegar a la distribución convencional”, continúa el alcalde de Abla, que revela que “ hay variedades que están teniendo una nueva vida en estos mercadillos, porque llegan en el día”. Con eso se evita que el producto viaje en condiciones que pueden acabar perjudicando sus cualidades.

Promover el producto local

“Nosotros estamos al lado del agricultor ecológico, lo apoyamos y queremos fomentar la agricultura ecológica y que el agricultor reciba un precio justo”, asegura Luisa Díaz, propietaria de la tienda de productos ecológicos Semilla Verde, que añade que “a nosotros, el agricultor nos pone el precio”. Ella coincide con Antonio Ortiz en la importancia de que el consumidor sepa quién es el que cultiva los tomates que está comprando: “Nosotros hacemos que el consumidor tenga confianza en el agricultor porque hacemos que solo haya un intermediario, que somos nosotros”, explica, “dentro de la cadena, estamos muy cerca del agricultor, promovemos el producto local”.

Pionera de la venta de productos ecológicos en Almería capital, en Semilla Verde llevan 18 años dedicados a llevar a sus clientes lo mejor de la producción ecológica de la provincia. Por eso, porque los conoce bien, Luisa Díaz insiste en que estos productores “necesitan que se les pague un precio justo”. Por eso, que “pueda vender sus productos en su finca, directamente, nos parece también muy bien”.

Para la nueva normativa, una tienda como Semilla Verde se equipara a un mercado o restaurante: es un establecimiento minorista sin intermediación. El funcionamiento es sencillo: en el caso de la tienda de Luisa, ella se pone en contacto con los agricultores, que le cuentan qué productos van a tener listos la siguiente semana. Y cada lunes, se envía a los clientes una lista de todo lo que habrá en la tienda al día siguiente y cada cliente hace su pedido semanal sobre esa lista, compuesta solo de productos locales. Además, la propia tienda permanece abierta para los clientes que prefieren entrar a ver de qué oferta dispone.

La venta directa, por tanto, “crea unos clientes en el mercado local que los conoce y que cuando prueban su calidad se fidelizan”, destaca en este sentido José Manuel Benítez, secretario de Medio Ambiente y Agua de Coag Andalucía, que insiste en que “lo más importante en este Decreto es que se produce lo que llamamos desde Coag ‘la agricultura con cara’, el consumidor tiene contacto directo con el productor, lo ve, puede pedirle responsabilidad de ese alimento si está bueno o no, de cómo se cultiva”. Por estos motivos, explica Benítez “los consumidores organizan visitas a explotaciones agrarias para ver cómo se hacen esos cultivos para su tranquilidad y como una muestra de la seguridad alimentaria”.

El decreto considera venta directa la que se realiza en la propia explotación; en mercados por el propio productor o por alguien a quien expresamente le encargue esa tarea; y en esos establecimientos minoristas sin intermediación, entre los que se incluyen restaurantes, comedores escolares o instalaciones de turismo rural, entre otros, además de las tiendas de productos ecológicos. “Esto podría significar incluso la creación de puestos de empleo para vender por los establecimientos cercanos y puede ser una salida para mucha gente”, añade el representante de Coag Andalucía a los beneficios que puede conllevar la nueva regulación.

Cantidades escasas

El decreto, en cualquier caso, no acaba de convencer a todos los protagonistas a los que va a afectar. Es el caso de Francisca Iglesias, secretaria provincial de UPA Almería, que afirma que “al consumidor le puede beneficiar más que al agricultor, porque puede encontrar productos producidos a pequeña escala de mucha calidad”, pero que “al agricultor profesional no le beneficia en nada porque lo han dejado fuera”. Iglesias pone el foco en la cantidad anual de cada producto que se va a permitir vender, muy escasas para las expectativas que manejaban. “Con estas cantidades que se permite vender no se puede vivir”, asegura con rotundidad, y añade que la medida es buena “para aquel que tiene un huerto o tiene la actividad agraria como algo secundario”.  

La secretaria provincial de UPA Almería considera que para que la regulación sea beneficiosa para las explotaciones profesionales, “se deben incrementar las cantidades de esos 22 productos” y pone como ejemplo que “5000 kilos de cereales no es nada, lo dan dos hectáreas, y con eso una persona no vive”. Por eso, considera que la regulación debería “adaptarse a la realidad de una explotación que sea viable económicamente como actividad agraria”.

Sebastián Marín considera que es “una cantidad bastante alta para medianos productores” y reconoce que “parece que está pensada para la agricultura familiar”. En cualquier caso, defiende la normativa porque los pequeños agricultores ecológicos como él están “en el primer eslabón de la cadena y todo lo que sea formar parte del mercado es importante”. Y es que, insiste, “el pequeño productor está muy mal, hay que apoyarle de alguna manera, para que se haga una agricultura más sana y ecológica”. En este sentido, José Manuel Benítez coincide en que para Coag la medida “es muy interesante porque forma parte de nuestra estrategia de venta directa para fomentar los canales cortos, del campo a la mesa”. Así, añade, “creemos que puede ser una salida para las explotaciones familiares que en definitiva es lo que defendemos desde Coag”.

Eduardo Barrera, presidente de la Asociación Valor Ecológico, Ecovalia, cree que la medida es “insuficiente por ahora, aunque es un paso importantísimo el que ha dado la Junta de Andalucía con esta norma”. Así, considera que “será una forma de poder subsistir, aunque con dificultad” y coincide en que “se deberían incrementar las cantidades, por ejemplo, en huevos”. En cualquier caso, Barrera recuerda que se trata de una medida “reivindicada desde el sector ecológico desde hace al menos cuatro años”, por lo que “la recibimos con optimismo y agradecimiento, será un motor económico básico para muchas personas”. Asimismo, señala que el nuevo decreto tiene como beneficio añadido que “elimina desventajas competitivas con productores de otras regiones”.

Los ganaderos se quedan fuera

En Coag coinciden en que la cantidad que se permite vender a cada productor debería aumentar, y además, añade José Manuel Benítez, “consideramos totalmente insuficiente la lista de productos y vamos a pedir que se introduzcan más, como los lácteos, las conservas de frutas y hortalizas, las mermeladas o los manufacturados cárnicos de embutidos”. La carne es precisamente la gran ausente en la nueva regulación, lo que deja fuera de esta venta directa a los ganaderos.

Es lo que reivindica también Francisca Iglesias: “Teníamos muchas expectativas con esta medida, sobre todo para los ganaderos, para la venta de carne ecológica, pero como se prohíben los productos que tengan una manipulación y la carne, al final no les afecta”. La secretaria provincial de UPA añade que “teníamos esperanzas de que se pudieran vender pollos ecológicos desde la explotación”, ya que, añade “muchas veces nos dicen a los ganaderos que por qué no comercializamos directamente, pero es que las trabas sanitarias y otras nos impiden hacerlo y esta ley no lo va a solucionar”.

Para Barrera, el problema de fondo es que “todavía nos queda bastante por avanzar respecto a otras regiones o estados europeos, donde, por ejemplo, los mataderos o las queserías móviles ya se están autorizando, siempre con unas condiciones mínimas establecidas, el llamado ‘paquete higiene’, que desgraciadamente nuestra administración nacional y autonómica todavía no ha decidido desarrollar”.

Obligaciones para agricultores y recolectores

Implantar la normativa no va a ser sencillo, ya que el decreto obliga a los titulares de las explotaciones agrarias y a los recolectores a llevar “un sistema de registro en el que se detalle el producto y la cantidad, la fecha y lugar de la operación, así como nombre, dirección y titular del establecimiento en el caso de que se haya vendido a un minorista”, según adelantó Carmen Ortiz. Además, deberán un documento que acredite la venta junto al producto, así como cumplir la normativa relacionada con la presentación y el etiquetado del producto e implementar las buenas prácticas de higiene a las que obliga la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

El decreto prevé también la creación del Sistema de Información de Venta Directa de Productos Primarios en Andalucía, una herramienta que recopilará datos de los productores y recolectores, que tendrán que comunicar, obligatoriamente, que pretenden hacer venta directa, con el fin de conocer la ubicación y el tipo de producción que quieren vender. Asimismo, la nueva regulación prevé sanciones a quienes incumplan sus obligaciones. Estas sanciones vendrán reguladas por las distintas normativas aplicables en materias de calidad, consumo, regulación forestal y sanidad e higiene.

Unos trámites que pueden echar atrás a algunos productores pero necesarios para regular una práctica que durante tantos años se ha venido realizando sin ningún tipo de control. Además, como remarca el presidente de Ecovalia, “con acciones como esta estamos fijando población rural, permitiendo una alternativa viable para que muchas personas puedan vivir del campo y en el campo”. Barrera destaca asimismo que esta nueva regulación va a contribuir a “fijar el valor añadido de los productos en la primera región productora de alimentos ecológicos a nivel europeo, fortalecer el tejido empresarial y poder avanzar en la transformación y comercialización de productos de primerísima calidad, y que los andaluces puedan consumir estos productos ecológicos elaborados y producidos en Andalucía”. Por lo que, al final, el balance acabará siendo positivo para productores y consumidores.

Productos y cantidades máximas autorizadas en venta directa

• Aceitunas de mesa: 4000 kilos al año
• Bellotas recolectadas: 5000 kilos al año
• Castañas recolectadas: 5000 kilos al año
• Caracoles de granja: 2500 kilos al año
• Cereales cultivados: 10.000 kilos al año
• Espárragos silvestres recolectados: 5000 kilos al año y solo 5 kilos al día
• Fresas y otros frutos rojos cultivados: 12.000 kilos al año
• Frutales subtropicales cultivados: 2500 kilos al año
• Hortalizas cultivadas: 10.000 kilos por especie, en exterior, 20.000 kilos en invernadero, al año
• Huevos: 12.000 unidades al año
• Jalea Real: 10 kilos al año
• Legumbres cultivadas: 2500 kilos por especie, en exterior, 5000 kilos en invernadero, al año
• Miel: 3000 kilos al año
• Otras frutas y frutos cultivados: 15.000 kilos al año
• Patatas cultivadas: 20.000 kilos al año
• Plantas aromáticas recolectadas: 2000 kilos al año
• Piñones recolectados: 2000 kilos al año
• Polen: 450 kilos al año
• Propóleo: 30 kilos al año
• Setas cultivadas comercializables en fresco: 12.000 kilos al año
• Setas silvestres recolectadas*: 2000 kilos al año por especie y solo 20 kilos en total al día
• Tagarninas: 3000 kilos al año y solo 20 kilos al día

*Especies de setas silvestres permitidas: Agaricus campestris, Agaricus sylvaticus, Agrocybe cylindracea, Amanita caesarea (con la volva abierta), Amanita ponderosa (con la volva abierta), Boletus aereus, Boletus edulis; Boletus reticulatus, Craterellus lutescens, Craterellus tubaeformis, Cantharellus subpruinosus, Craterellus cornucopioides, Fistulina hepatica, Hydnum repandum, Hydnum rufescens, Lactarius deliciosus, Lactarius sanguifluus, Lactarius semisanguifluus, Macrolepiota procera, Pleurotus eryngii, Pleurotus ostreatus, Suillus luteus, Terfezia arenaria, Terfezia claveryi  y Terfezia leptoderma.

(Reportaje publicado en el número de noviembre de 2016 de la revista ‘Foco Sur’. Puedes descargarlo aquí en pdf).