Realidad y ficción: lo demás no cuenta


Miguel Blanco

Fuego mortal

El trágico incendio de Los Gallardos y Bédar ha mostrado las terribles consecuencias del cambio climático, con fuegos cada vez más difíciles de combatir y que se propagan con más rapidez. Administraciones y partidos tienen claro que un pacto a nivel nacional y la colaboración son fundamentales para evitar nuevos casos.

Trece fallecidos y 7.000 hectáreas arrasadas ha sido el trágico balance del incendio que arrasaba en julio el monte en los municipios de Los Gallardos, donde se originó el fuego, Bédar, donde residían los fallecidos y el municipio más afectado, Antas y Lubrín. Una zona castigada cada año por el fuego, que en esta ocasión se ha convertido en el más mortífero del siglo en España y de la historia en Andalucía.

Tras cuatro días de lucha contra el fuego por parte de los operativos del Infoca, Protección Civil, Guardia Civil y la UME, el incendio quedaba estabilizado y las distintas administraciones comenzaban a hacer balance de daños y a trabajar en medidas para facilitar la recuperación de las zonas afectadas.

Asimismo, tanto desde Ayuntamientos como desde la Junta de Andalucía y el Gobierno de España coincidían en la necesidad de trabajar para minimizar en lo posible que vuelvan a ocurrir este tipo de desastres, cada vez más virulentos e impredecibles, más díficiles de sofocar y, por tanto, con más riesgo de pérdida de vidas y entorno natural.

La factura del cambio climático es cada vez más dañina. La coordinación entre las distintas administraciones parece más necesaria que nunca para limitar los riesgos y mejorar la reacción cuando la prevención no es suficiente. En esta línea coincidieron precisamente las declaraciones de Pedro Sánchez, Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo en sus visitas a la zona afectada, abriendo la vía a un pacto de Estado para afrontar los riesgos del cambio climático.

El cambio climático ha mostrado sus terribles consecuencias en este incendio. Temperaturas cercanas a los 40º y el monte de matorral seco, el combustible perfecto para las llamas, convirtieron el fuego en una trampa mortal que llegó a avanzar a una velocidad de cien metros por minuto.

La construcción en zonas boscosas aisladas, con accesos únicos, es también un factor amplificador del riesgo de contar con víctimas mortales en incendios de este tipo, como lamentablemente ha ocurrido con los trece vecinos de Bédar que quedaron atrapados por las llamas en su intento de huida. Una situación, además, que venían denunciando asociaciones ecologistas como el Grupo Cóndor desde que se comenzaron a construir estas casas en medio del bosque, a partir del año 1999.

Pendiente de conocerse el origen del incendio, y descartada la opción de la caída del cable de tendido eléctrico que se indicó al principio, ya que se trataba de una línea sin suministro, según confirmó la compañía eléctrica, la cercanía del lugar de inicio del fuego, junto al borde de la carretera y los restos de basura en la cuneta de la N-340a, pocos metros antes del cruce con la A-7, hacen que no sea descartable o bien una negligencia, como una colilla tirada por la ventana de un vehículo, o el efecto lupa de cristales rotos de botellas contra el matorral reseco por el sol. En cualquier caso, la concienciación y educación ambiental de los ciudadanos es otro factor clave y fundamental para prevenir este tipo de incendios en el futuro.

Un gran acuerdo entre administraciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitaba el centro de mando de Emergencias, establecido en el Parque de Bomberos del Levante, en Turre, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Allí, Sánchez llamaba a la “cooperación, unidad y coherencia de acción” de todas las administraciones, Ayuntamientos, Diputación, la Junta de Andalucía y Gobierno de España, “porque es la mejor manera de luchar de manera eficaz contra estas crisis de protección civil”.

En esta línea de llamar a la colaboración, recordaba la propuesta del Gobierno de impulsar “un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática” con el objetivo de prevenir y garantizar la seguridad de quienes viven en zonas que están sufriendo este tipo de desastres”. Así, aseguró que “la emergencia climática mata y, en consecuencia, todas las administraciones y el conjunto de la sociedad tenemos que estar a la altura del desafío que tenemos por delante”.

De la misma manera, Moreno señalaba que “aquí, el cambio climático está afectando de una manera muy importante, dando lugar a un desorden climático con situaciones desconocidas en lo meteorológico”. Por ello, proponía reforzar la formación y la concienciación de los ciudadanos, para que sepan cómo protegerse ante un desastre de este tipo. “Pensemos si en nuestro sistema educativo y en nuestra pedagogía social deberíamos introducir un mínimo de conocimiento e información que puedan permitirnos, en determinadas situaciones, actuar y salvar la vida”, apuntó el presidente andaluz.

Alberto Núñez Feijóo, que visitó el centro de mando horas después que Sánchez y Moreno, aseguraba que buscar el acuerdo de país “es inaplazable”. Para ello, proponía contar con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, los técnicos y científicos que estudian incendios y catástrofes naturales, así como con las personas que viven en el medio rural y lo conocen.

Ayudas para la recuperación de las zonas afectadas

El Gobierno ha reaccionado con rapidez. Durante los días que el fuego estaba descontrolado, visitaron la zona los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Defensa, Margarita Robles; y de Transición Ecológica, Sara Aagesen, además del presidente Pedro Sánchez. Una semana más tarde, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, se reunía con los alcaldes de los municipios afectados, Ángel Collado, de Bédar; Francisco Miguel Reyes, de Los Gallardos; Domingo Ramos, de Lubrín; y Pedro Ridao, de Antas, para coordinar las ayudas del Gobierno.

Pedro Fernández explicaba que “el Ejecutivo ya está trabajando en coordinación con los municipios, y destinará recursos para financiar los gastos extraordinarios asumidos por los ayuntamientos como consecuencia del incendio, así como para la reparación de infraestructuras e instalaciones públicas dañadas y la recuperación del entorno natural mediante actuaciones de restauración y reforestación”.

En esta línea, recordaba que “si bien la gestión del monte y la restauración del medio natural son competencia de la Administración autonómica, el Ejecutivo financiará el 50% de las actuaciones de recuperación del entorno natural para contribuir a acelerar los trabajos y garantizar que se lleven a cabo con el máximo rigor científico, reforzando así la resiliencia del territorio frente a futuros incendios”.

Por último, insistió en la necesidad de “reforzar la cooperación entre administraciones frente a los efectos de la emergencia climática y de avanzar en políticas estables de prevención, adaptación y gestión del territorio que contribuyan a proteger tanto a la población como al patrimonio natural”.

La Diputación Provincial también ha reaccionado con celeridad, convocando reuniones del Centro de Emergencias para ir diseñando el plan de ayudas a los municipios para restaurar las diferentes infraestructuras afectadas. El presidente de la institución, José Antonio García, adelantó que se aprobarán “las ayudas que sean necesarias para que cada ayuntamiento pueda afrontar los gastos derivados de esta emergencia” y que puedan “recobrar la normalidad lo más pronto posible con la puesta a punto de los servicios e infraestructuras más básicas”.

Bédar, el municipio más afectado por el incendio, tendrá que recibir ayudas para acelerar la regeneración de espacios naturales y el entorno arrasados por las llamas. En Lubrín, han sufrido rotura de tuberías y del alumbrado municipal. Asimismo, se había quemado el suministro eléctrico que llega al repetidor de televisión de El Marchal, lo que dejó sin señal a la zona. El alcalde, Domingo Ramos, cuenta a Foco Sur que se han visto afectadas “las producciones de aceituna y almendra”, que tienen bastante peso en la economía del municipio.

Antas, donde un cambio repentino de la dirección del viento frenó el avance de las llamas hacia los núcleos de población junto al Cabezo María, está trabajando en la valoración de daños. Y en Los Gallardos han sufrido, sobre todo, desperfectos en la red de tuberías y en los senderos municipales.

Ahora, es tiempo de recuperar las zonas dañadas lo mejor posible y cuanto antes mejor, pero a medio y largo plazo, evitar nuevos episodios como este es lo deseable. Por ello, Domingo Ramos considera necesario que en ese pacto de Estado “se cuente con los alcaldes, porque somos los que sabemos qué zonas urbanas son las más propensas a tener un problema de incendios”.

En el caso de Lubrín, el alcalde alerta del peligro que corren El Marchal y El Chive por la masa forestal que los rodea, por lo que sería necesario “hacer cortafuegos, que no cuestan tanto dinero”. Porque la ayuda para la recuperación de los municipios es necesaria, pero no lo es menos trabajar para que, en lo posible, nunca vuelva a repetirse una tragedia como esta en nuestra provincia.

Cronología de una tragedia

El incendio de Los Gallardos y Bédar ha mostrado las terribles consecuencias que el cambio climático y la falta de prevención tienen para nuestro patrimonio natural y, por desgracia, para la vida de quienes habitan zonas en riesgo. El incendio dejaba trece víctimas mortales, ocho heridos y calcinaba más de 7.000 hectáreas en los municipios de Bédar, Lubrín, Los Gallardos y Antas.

Durante el incendio, el Gobierno de España desplegó un dispositivo que incluía 981 efectivos de distintos organismos de la Administración General del Estado. En concreto, participaron 628 agentes de la Guardia Civil, con el apoyo de 243 vehículos, dos helicópteros, tres drones y cuatro canes; 220 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con 70 vehículos; ocho aviones, cuatro helicópteros y dos brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRIF), con 72 efectivos, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; 34 efectivos y tres vehículos de Protección Civil, y 61 agentes de la Policía Nacional, con dos vehículos. Asimismo, han participado efectivos del Plan Infoca y Bomberos del Levante.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, explica a Foco Sur que la alerta por fuego la dio la Guardia Civil de tráfico en la tarde del jueves 9 de julio, hacia las cuatro y media, en la zona de Almocáizar, cerca del cruce de la N-340a con la A-7. “Fueron los primeros que alertaron, lo que supuso el desplazamiento de los Bomberos del Levante”. Una hora más tarde, comenzaron las primeras evacuaciones de población residente en los núcleos de población hacia donde se dirigían las llamas.

A las siete y media de la tarde, la Junta de Andalucía declaraba la emergencia fase operativa 1. Cerca de las diez de la noche, la elevaba a fase operativa 2 y solicitaba la ayuda de la UME, que el Ministerio de Defensa “aprobó en diez minutos y en cuestión de cinco horas se habían desplazado ya los primeros efectivos desde Morón a la zona del incendio”, destaca Martín. El fuego no quedó controlado hasta el lunes 13 de julio.

En total, en distintos momentos del incendio, 1.400 vecinos de localidades como Bédar, Almocáizar, Fuente del Albarico, La Serena, Los Pinos, El Pinar de Bédar y Alfaix tuvieron que desalojar sus viviendas y fueron realojados en los teatros y pabellones de Lubrín y de Garrucha hasta que pudieron regresar a sus casas, una vez estabilizado el incendio a lo largo del fin de semana.

En ambas localidades se montaron albergues de emergencia con la colaboración de Cruz Roja. Esta entidad también ha prestado ayuda en el Centro de Atención a Familiares, ubicado en el Centro de Salud de Garrucha.

(Reportaje publicado en el número de agosto de 2026 de la revista Foco Sur).

Incendio en Los Gallardos, Almería. Foto de Miguel Blanco / Foco Sur

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