Realidad y ficción: lo demás no cuenta


Miguel Blanco

El campo se rebela

Agricultores y ganaderos vuelven a las movilizaciones hasta que se tomen las medidas que garanticen una rentabilidad y un futuro estable a sus explotaciones.

El campo ha dicho basta y ha vuelto a salir a la calle con el impulso que tenía hace cuatro años y que quedó frenado a causa de la pandemia. A lo largo y ancho del país e incluso en la ‘capital’ de la Unión Europea, Bruselas, los agricultores almerienses y del resto de provincias están dejando claro que han llegado al límite, que la situación es insostenible para ellos y que o se comienza a trabajar en serio en las medidas que piden o los tractores seguirán bloqueando carreteras y puertos y los trabajadores ocupando las principales calles de las ciudades.

Acabar con la importación sin control y el falso etiquetado de productos procedentes de países de fuera de la UE, implantar en serio de la Ley de la Cadena Alimentaria, eliminar el Cuaderno Digital, ayudas para los sectores más golpeados por la sequía y una reducción de los trámites administrativos son algunas de las reivindicaciones de agricultores y ganaderos, con un objetivo final: que sus explotaciones sean rentables y tengan cierta estabilidad y perspectivas de futuro.

Las exigencias del campo apuntan a tres frentes: Gobierno, Junta y Europa. Buena parte de las iniciativas que quieren que se pongan en  marcha son competencia europea pero, como recuerdan los agricultores, las leyes que vienen de la UE las votan los países miembros en los Consejos de Ministros de las distintas áreas.

Las movilizaciones han arrancado en febrero pero se prolongarán, al menos, hasta mayo, si no hay antes un repentino giro de los acontecimientos que implique la puesta en marcha de la mayor parte de medidas exigidas por las organizaciones agrarias. Así, tras una serie de acciones previas al calendario pactado por COAG, ASAJA, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, impulsadas por sectores cercanos a Vox y la ultraderecha, los agricultores comenzaron a tomar carreteras y accesos a centros logísticos fundamentales para la distribución, como Mercamadrid o el Puerto de Algeciras, a partir del 14 de febrero, con un amplio seguimiento. En Almería, se convocó un bloqueo de la Autovía A-92 en la zona de Los Vélez, donde peores perspectivas tienen los productores, ya que a la falta de seguridad de precios justos se les ha unido la incertidumbre sobre la cosecha, si tendrán o no, a causa de la sequía.

El mes se cerraba con movilizaciones paralelas en Madrid y Bruselas, con participación almeriense en ambas capitales, con motivo del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, donde se iban poner sobre la mesa las reclamaciones de los agricultores españoles, reunidos la semana previa con el ministro Luis Planas, así como del resto de países, donde también llevan tiempo con las protestas, como es el caso de Francia. Tras estas reuniones, a los agricultores y ganaderos les ha quedado claro que la presión va a tener que continuar, ya que de momento, aseguran, solo han escuchado buenas intenciones y promesas de medidas, sin especificar cómo se llevarían a la práctica.

Las reivindicaciones del sector

La lista de reivindicaciones del sector agrario es amplia, pero con algunas cuestiones principales. Una es que se garantice el control de las exportaciones de terceros países, ya que estos productos llegan a saturar los mercados en ciertas temporadas, tirando por los suelos, como consecuencia, el precio de los productos y haciendo así inservible las medidas previstas en la Ley de la Cadena Alimentaria. Y además, recuerdan, son productos que no tienen que pasar por los mismos requisitos en cuanto a pesticidas y seguridad laboral que sí tienen que cumplir los que se cultivan dentro de la UE.

Para ello, se ha propuesto una medida que lleva años debatiéndose pero nunca acaba de llegar: las cláusulas espejo. Con estas, se exigirían a los productos de fuera las mismas garantías sanitarias que a los de aquí. Pero aunque han salido en las reuniones, la UE no termina de concretar cómo funcionarían.

“Las cláusulas espejo no son suficientes en los términos en los que se está hablando, ya que solo abordan cuestiones sobre los fitosanitarios que traen las importaciones”, explica Andrés Góngora, secretario general de COAG Almería. “Nosotros creemos que hay que ir mucho más allá y que Europa no puede firmar acuerdos comerciales con países que no tengan una legislación básica asimilable a la de la UE en materia laboral y medioambiental”, asegura. Y pone como ejemplo a Marruecos, uno de los “países que no han suscrito con Naciones Unidas la erradicación del trabajo infantil”.

Así, Góngora asegura que “el centro de nuestra reivindicación es que nos lleguen unos precios justos y rentables para mantener la actividad y, sobre todo, que haya estabilidad de cara al futuro, buscando esa certidumbre que el sector persigue para que sea un trabajo estable y duradero”. El resto son “medidas que creemos que tienen que favorecer esa situación, como la Ley de la Cadena Alimentaria, a la que le vemos muchas lagunas si no se controlan las importaciones de terceros países a bajo coste”.

Buenas intenciones pero nada concreto

Con ese objetivo en mente, los representantes de las distintas organizaciones agrarias mantuvieron una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para plantearle sus peticiones, tanto para su ámbito de competencia como para que planteara en la siguiente reunión del Consejo de Ministros de la UE aquellas que dependen de la política europea.

En la primera reunión, “se pusieron sobre la mesa una serie de puntos para empezar a trabajar pero entendemos que es un punto de partida, porque tampoco se concretó nada”, señala Adoración Blanque, presidenta de ASAJA Almería, que añade que “un poco más de lo mismo fue la reunión de ministros de la UE, se pusieron los puntos de partida que se habían consensuado aquí y en el resto de países y al final lo que hay es una declaración de buenas intenciones que, de palabra, nos dicen en qué línea se iría, pero no tenemos nada concreto”.

En este sentido, cuenta Blanque, “hablamos de refuerzo de la Ley de la Cadena Alimentaria pero no sabemos a qué se está refiriendo ese refuerzo; hablamos de establecer cláusulas espejo, pero no sería inmediato y no sabemos a qué se refiere; hablamos de un Cuaderno Digital voluntario pero no sabemos en qué términos, porque de momento lo que tenemos es que es obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2024”.

Ante esta situación, la presidenta de ASAJA Almería detalla que “el tema de las cláusulas espejo es primordial, igual que el de la Ley de la Cadena Alimentaria y el de la simplificación administrativa, y las bonificaciones sociales por la subida el salario mínimo, un plan de viabilidad económica, que es un tema interministerial, y la revisión de Hacienda y un plan fiscal para el sector”.

Por eso, Blanque recuerda que, dentro de sus reclamaciones, “hay cuestiones que dependen del Ministerio de Trabajo, otras del Ministerio de Hacienda y el de Transición Ecológica es fundamental también. Hay cuatro ministerios implicados”, por lo que entiende que el diálogo debería realizarse con todos ellos, no solo con Agricultura.

La UE flexibiliza su normativa

A la reunión del Consejo de Ministros de la UE celebrada el 26 de febrero en Bruselas, el ministro Luis Planas llevó las reivindicaciones de los productores españoles. Buena parte de ellas fueron acogidas por las propuestas de la Comisión Europea para simplificar y flexibilizar los trámites de la Política Agraria Común (PAC).     

En este sentido, Planas destacaba la eliminación de controles de la condicionalidad a explotaciones de menos de 10 hectáreas porque implicaban una alta carga de burocracia; una medida que beneficia a 345.000 agricultores, el 55% de los que reciben ayudas de la PAC. España propuso asimismo, entre otras medidas, la derogación de las reglas sobre rotación de cultivos y barbecho para esta campaña y una simplificación de los informes de evaluación y rendimiento. De la misma manera, se flexibilizarán algunos puntos de la normativa sobre Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales.

Tras la reunión, Planas llamaba al diálogo entre las instituciones europeas y los agricultores y ganaderos para que estos “entiendan, comprendan y apoyen el proceso de transformación que estamos llevando a cabo” y que no lo perciban como una carga, sino como una solución a los problemas que les acechan.

Planas insistió en que luchar contra el cambio climático y preservar la biodiversidad y la rentabilidad de las explotaciones son posturas positivas y compatibles, entre otros motivos porque la actividad agraria ya está sufriendo las consecuencias de un clima impredecible en ocasiones. En esta línea, aseguró que los cambios que se lleven a cabo habrá que “realizarlos de la mano de agricultores y ganaderos”.

De momento, de la manera en la que están planteadas, estas políticas medioambientales “están condenando al sector a la desaparición”, afirma rotundo Andrés Góngora, que recuerda además que “están hechas de espaldas al sector agrario”.

El futuro efecto de las políticas medioambientales es una de las principales preocupaciones del sector, pero también lo es la actual sequía, uno de los efectos del cambio climático. Por ello, en este caso a la Junta de Andalucía, reclaman, además de un mayor control en el etiquetado de productos de terceros países que luego se distribuyen como procedentes de Almería, más ayudas directas, sobre todo, en el caso de Almería, para las zonas de cultivos de secano del interior y para los ganaderos.

“Es fundamental que se aborde el tema de las zonas del interior, de ganaderos y agricultores de secano, hay que echarles una mano y comenzar a hablar sobre qué va a pasar con ellos, porque allí la incertidumbre es mayor”, señala Góngora, que reconoce que “nuestra incertidumbre, en el regadío, son los mercados y los precios, pero en el secano no saben si tendrán o no cosecha, y eso es más grave”. Por ello, las movilizaciones seguirán, si no hay acuerdo antes, al menos hasta la campaña de las elecciones europeas, para no interferir en estas. Y una vez acabe el proceso electoral, volverán a la calle reivindicando soluciones que garanticen el futuro del sector. 

Las propuestas del Ministerio

En la reunión entre las organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura, celebrada el 15 de febrero, un día después del inicio de las movilizaciones, el ministro Luis Planas propuso 18 medidas articuladas en torno a siete bloques y que, a criterio del Ministerio, servirán para mejorar la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria, simplificar los trámites burocráticos y flexibilizar la normativa de la Política Agraria Común (PAC) y las condiciones para nuestros productores de los acuerdos comerciales con terceros países.

Así, en el caso de la Ley de la Cadena Alimentaria, el ministro ha propuesto la creación de una Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, lo que supondrá aumentar la capacidad de control e inspección con más medios para garantizar que se cumpla la ley. Asimismo, planteó que sea público el acumulado de sanciones graves y muy graves impuestas por incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.

En el caso de los acuerdos comerciales, el ministro aseguró que el Gobierno defenderá en la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio y otros foros internacionales el principio de reciprocidad. Es decir, que si un producto fitosanitario está prohibido en la UE, no pueda utilizarse tampoco en la producción de alimentos que vayan a ser importados.

Asimismo, aseguró que se reforzará la ayuda a la contratación de seguros agrarios, con una línea que asciende a 284,5 millones de euros en 2024. Además, confirmó que se realizarán las aportaciones necesarias para adaptar las líneas a las nuevas circunstancias climáticas.

También se mantendrá la reducción en el impuesto de hidrocarburos para el gasóleo de uso agrícola, con 3,3 céntimos por litro frente al general de 37,9 céntimos por litro.

Además, este año se mantendrán las reducciones del 35% de la factura del gasóleo y en un 15% de plásticos y fertilizantes en el método de estimación objetiva del IRPF, una de las medidas extraordinarias aplicadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania.

(Reportaje publicado en el número de marzo de 2024 de la revista Foco Sur).

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