El Gobierno ha puesto en marcha el proceso para expropiar la parte de terreno del Algarrobico que es de su competencia para acelerar el proceso de demolición, pero para ello necesitará ir de la mano con la Junta y que no haya más dilaciones en los tribunales.
El hotel de la playa del Algarrobico llevaba un tiempo en aparente olvido. Consumiéndose poco a poco por la acción del viento y el agua de mar, parecía condenado a convertirse en el monumento a la especulación urbanística y el turismo depredador, como un esqueleto de granito abrazado a la roca del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Ahora, el Gobierno ha puesto en marcha el proceso que debería llevar a la expropiación del 40% de los terrenos sobre los que se asienta el hotel construido por la empresa Azata; justo la parte afectada por la Ley de Costas. El otro 60% es competencia de la Junta de Andalucía, que desde hace tiempo venía manifestando su predisposición a derribar el hotel.
Así, el Consejo de Ministros ya ha aprobado la declaración de utilidad pública del suelo y el objetivo del Gobierno, según adelantó María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, frente al edificio de la polémica, es expropiarlo y ejecutar la demolición en cinco meses. Pero para ello será necesario que la Junta ponga en marcha también los mecanismos para hacerse con la parte construida en suelos de su competencia y, sobre todo, que no haya nuevos recursos judiciales de la empresa promotora o de cualquiera de las partes, que dilatarían aun más en el tiempo el proceso de demolición.
Es una oportunidad única. Las organizaciones ecologistas, que llevan 20 años peleando contra la construcción del hotel, desde la primera denuncia presentada por Salvemos Mojácar que llevó a la paralización de la obra, quieren creer que es posible poner fin a este largo proceso que tantos giros de guion ha ido mostrando. Pero no son demasiado optimistas.
Llevan años viendo cómo las administraciones dicen una cosa pero luego hacen la contraria respecto al hotel; cómo la empresa ha mantenido la batalla judicial, a la espera de una indemnización, ya que construyeron con todos los permisos necesarios; y cómo, incluso, los tribunales iban cambiando de opinión, con resoluciones contradictorias, hasta que definitivamente se sentenció lo que esperaban: que el hotel está levantado en suelo no urbanizable. Solo falta derribarlo para que la zona recupere su estado original
El Gobierno activa el proceso para la expropiación
María Jesús Montero eligió Almería para hacer el primer gran anuncio desde que se convirtió en sucesora de Juan Espadas al frente del PSOE de Andalucía. El pasado 10 de febrero, en la playa del Algarrobico, daba a conocer que el Gobierno de España iba a poner en marcha el proceso para demoler el hotel. “Vamos a poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural”, aseguraba la vicepresidenta.
“Vamos a hacer realidad algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo”, añadía Montero, que destacaba que el objetivo del Gobierno es acabar con un “símbolo de la depredación inmobiliaria”, ya que se trata de una edificación que no respeta el espacio natural, daña el litoral y va en contra de lo que dice la Ley de Costas.
A pesar de estas intenciones, el proceso no está del todo en manos del Gobierno. María Jesús Montero recordó que solo una parte del terreno donde se ubica el hotel se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre, que se extiende 100 metros desde el mar, y es sobre la que el Gobierno puede actuar. El resto de la finca se adentra más allá de este límite, por lo que es la Junta de Andalucía la que tiene la competencia en esa zona.
En este sentido, la vicepresidenta primera animaba al Gobierno andaluz a “trabajar conjuntamente”. Para ello, propuso que la Junta ponga en marcha el mismo proceso para que, de forma coordinada, se pueda llevar a cabo demolición del hotel. Así, con el objetivo de impulsar la cooperación entre ambas administraciones, Montero anunció que se convocará la Comisión de Seguimiento para la recuperación de la playa del Algarrobico, en la que están representados el Gobierno y la Junta de Andalucía. Esta comisión se creó en 2011 y la vicepresidenta del Gobierno apuesta por “darle un impulso definitivo” para conseguir el objetivo de demoler el hotel.
En cualquier caso, Montero aseguró que si la Junta de Andalucía no quisiera colaborar, el Gobierno buscará alternativas para ejecutar la demolición del hotel y la restauración del paraje natural. “Se trata de un acto de justicia medioambiental y de un acto de justicia para los almerienses, los andaluces y el conjunto de los españoles”, dijo.
Así, al día siguiente de este anuncio, el 11 de febrero, el Consejo de Ministros aprobaba la declaración de utilidad pública de los terrenos en los que se asienta El Algarrobico. El próximo paso será tratar de conseguir un acuerdo de urgente ocupación e hitos administrativos hasta la expropiación y la demolición, según explicó tras la reunión del Consejo de Ministros Sara Aagesen, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dijo que “el Algarrobico es un símbolo de un urbanismo acelerado y sin condicionantes ambientales, pero también podría ser el símbolo de algo que no acaba de tener solución”. En este sentido, Aagesen aseguró que “es fundamental dar respuesta a la ciudadanía y el Gobierno viene hoy con soluciones”.
La vicepresidenta insistió también en que el edificio se levanta en terrenos privados que solo en la parte más cercana a la playa están afectados por la servidumbre de protección, mientras que el resto está en una zona que es competencia de la Junta de Andalucía.
Asimismo, Aagesen recordó que ambas administraciones tienen firmado desde 2011 un protocolo de protección de la playa por el que el Estado financiaría la demolición del hotel y la Junta se encargaría de la gestión de los residuos y la restauración de los terrenos. En ese sentido, aseguró que ahora “el Gobierno se hace responsable de la demolición”, cuyo coste “puede ascender hasta los 7 millones de euros”. Y afirmó que la intención del Gobierno es “contar con todas las administraciones, con el sector privado concernido para avanzar; que ese símbolo de lo que no se debe hacer acabe siendo el símbolo de lo que se resuelve”.
“Es hora de que se lo tomen en serio”
Las organizaciones ecologistas ven bien el anuncio pero no tienen claro que el proceso de demolición vaya a acelerarse con este paso dado por el Gobierno. Antonio Fernández Compán, del Grupo Ecologista Mediterráneo, reconoce que “al menos parece que algo se está moviendo” y añade que “después de 20 años, es hora de que se lo tomen en serio”.
Fernández Compán recuerda que hay un acuerdo firmado desde hace 14 años por la Junta y el Gobierno para llevar a cabo el proceso de demolición de forma conjunta. “Deseamos fervientemente que el Gobierno y la Junta sean capaces de ponerse de acuerdo y de ponerse a trabajar ya sobre proyectos firmes”, cuenta al respecto, y añade que “los anuncios siempre están bien, pero están mucho mejor si se trasladan a acción”. En este sentido, alerta: “No queremos que este anuncio sirva para abrir otro paréntesis de otros diez años hasta que se concrete”, por lo que anima a que Junta y Gobierno “se pongan de acuerdo y no dilaten más de forma inútil el proceso, porque todas las sentencias llevan a pensar que, jurídicamente, es una cosa que tiene un sustento absolutamente legal”.
El representante del GEM insiste en que desde la organización “queremos creer que la voluntad que han manifestado ambas partes es real y, por tanto, si existe esa voluntad y hay un plan más o menos predeterminado, que lo cierren cuanto antes y se pongan a trabajar en el objetivo de acabar con esa rémora de tiempos de especulación urbanística y de destrucción de valores ambientales”.
Asimismo, sí ve un problema que puede acarrear el proceso iniciado por el Gobierno, en forma de recurso presentado por “la empresa Azata, que querrá sacar la mayor tajada posible, y quizás el Ayuntamiento de Carboneras, que sigue dilatando lo máximo posible los plazos”. En cualquier caso, asegura que “si se presenta ese recurso, instaremos a la Justicia a que actúe con la mayor celeridad posible para no eternizar un problema que ya de por sí está siendo eterno”.
“Hay que hacer una intervención total”
En esta misma línea, Manuel Pérez Sola, coportavoz de Verdes Equo Andalucía, señala que “hay una cuestión principal y es que hasta que no se asuma de quién es la responsabilidad de la autorización, la empresa va a estar intentando por todos los medios que se la indemnice, porque considera que ha hecho allí una inversión con todas las autorizaciones oportunas, así que va a seguir el proceso judicial”.
Así, Pérez Sola recuerda que, desde hace varios años, “la Junta de Andalucía tiene depositado un dinero en el Juzgado, unos 2,3 millones de euros, para indemnizar a la empresa porque quizá la única forma que hay de poder ganar esto, si sigue pleiteando la empresa, es con el derecho de retracto que tiene siempre la Administración con un espacio que tiene especial valor como puede ser este, que está dentro del Parque Natural, por el que tiene prioridad en su adquisición por encima de los particulares”. Ese dinero está depositado pero “la empresa no ha querido retirarlo”, lo que demostraría la predisposición a seguir manteniendo la batalla judicial.
En cualquier caso, el coportavoz de Verdes Equo Andalucía considera que “el que la ministra haya dicho que la parte que les corresponde, el 40%, que pertenece a Costas, lo van a expropiar dice que hay cierto movimiento por parte del Gobierno, pero si la Junta de Andalucía no hace lo mismo con su otra parte, no se puede hacer nada”. Asimismo, recuerda que “la expropiación, aparte de que se metería en un proceso jurídico importante, ni siquiera permitiría demoler la parte que queda más cercana a la costa, porque es un edificio, es una estructura completa y no puede quitarse una parte sin dañarla entera, por lo que hay que hacer una intervención total”.
Otro escollo que hay, según Pérez Sola, es que “el Ayuntamiento de Carboneras está utilizando todos los subterfugios y todas las fórmulas para poder evadir su responsabilidad, la sentencia que le obliga a sacar del Plan de Ordenación Urbana el terreno en el que se asienta el hotel para que deje de ser zona urbanizable”. El coportavoz relata las razones dadas por el consistorio para ir demorando el cumplimiento de esta sentencia: “Primero era que no tenía secretaría, luego que no hay arquitecto municipal, o que está esperando a cambiar el Plan General de Ordenación Urbana, cuando hay una sentencia firme que le dice que no hay más dilación, que tiene que decir qué avances ha hecho para que ese terreno deje de estar como urbanizable y se pueda proceder a la demolición”.
Por todo ello, en la formación verde no son muy optimistas con que la demolición esté cerca, “porque esto se va a seguir enmarañando judicialmente, la empresa va a seguir recurriendo porque lo que quiere es que se le indemnice, considera que la inversión que ha hecho la tiene que pagar alguien porque, aunque cometió muchas irregularidades, se le dieron los permisos”. En este sentido, Pérez Sola tiene claro que, al final, quienes pagarán la indemnización seremos “todos los ciudadanos”.
Mientras llega ese momento, asegura que el proceso “va a seguir enmarañándose porque además no es solo el hotel, es todo el proyecto, en el que hay otras parcelas que también están afectadas, aunque de eso no se esté hablando”. El proyecto de urbanización de la zona incluye, además del hotel, una urbanización con 200 viviendas y más instalaciones hoteleras. “Cuando lo de ahora se resuelva, habrá que resolver esto otro, porque es un galimatías jurídico importante”, apunta Pérez Sola.
Símbolo de turismo depredador
“Todo paso que nos acerque al derribo definitivo del Algarrobico es una buena noticia”, declaraba tras el anuncio de María Jesús Montero Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, que recordaba que “en Greenpeace llevamos casi 20 años esperando su demolición, sentencia tras sentencia, y no vamos a cejar en nuestro empeño”.
En este sentido, Saldaña aseguró que seguirán “de cerca los pasos que dé ahora la Junta de Andalucía, que debe cumplir con el acuerdo de demolición del hotel, porque el Algarrobico es un símbolo de un modelo caduco de turismo depredador y destrucción de nuestro litoral”. Asimismo, la directora de la organización ecologista señaló que “hay movilizaciones y un consenso ciudadano generalizado señalando que no es el camino a seguir”. Y añadió que “en un momento en el que las consecuencias del cambio climático son ya palpables en nuestras costas y nuestras ciudades, necesitamos cambios contundentes y alternativas claras a este modelo”.
El coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía, Luis Barraquero, insistió en esa misma línea, asegurando que “nos encontramos ante una oportunidad histórica; ahora es el momento para que la Junta ratifique su decisión de derribar de una vez por todas esta ruina ilegal”. Asimismo, afirmó que es necesario que “se den los pasos necesarios, con valentía, que lleven al fin de este icono de la destrucción costera y a recuperar la salud de estos terrenos protegidos del Parque Natural, que nunca deberían haber sido urbanizados”.
Aunque desde que llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha declarado en varias ocasiones su predisposición a demoler el hotel, lo cierto es que el acuerdo firmado por la comunidad autónoma y el Gobierno de España hace 14 años de momento está siendo papel mojado. Y tras el anuncio de Montero, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, afirmaba que “fueron las administraciones socialistas quienes impulsaron el proyecto, un atentado medioambiental y, hasta que no fueron demandados y condenados a demolerlo, no hicieron absolutamente nada”.
Una solución negociada
La tercera administración implicada, el Ayuntamiento de Carboneras, ya ha dado a conocer su postura sobre el anuncio de la vicepresidenta María Jesús Montero. Así, su alcalde, Salvador Hernández, de Ciudadanos, apuesta por que se consiga pactar una “solución negociada” entre las administraciones y la promotora. Considera que esta solución será más rápida que la revisión de oficio de la licencia para la edificación del hotel que se le reclama al Ayuntamiento, ya que este proceso podría dilatarse en el tiempo.
“La solución más viable no pasa por la revisión de oficio”, afirmaba el alcalde en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que aseguraba que, aun así, el Ayuntamiento de Carboneras pondrá en marcha “lo más pronto posible” el proceso para cambiar la licencia. Hernández señalaba además que la revisión de la licencia no implicaría la anulación del permiso municipal otorgado en 2003 con “todos los informes pertinentes” y el “beneplácito” de las distintas administraciones, por lo que el proceso no sería inmediato.
“No me cabe duda que unos y otros presentarán alegaciones y presentarán las propuestas que consideran oportunas”, aseguraba el alcalde, refiriéndose a grupos ecologistas, la empresa promotora y las administraciones implicadas, por lo que el proceso se alargaría aun más. Asimismo, señaló que el Ayuntamiento, en una población de solo 8.300 habitantes, no cuenta con tantos recursos técnicos como para poder acelerar los trabajos.
Desde el Ayuntamiento recuerdan además que la promotora solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ejecutase la sentencia que obliga a la revisión de la licencia. En esa solicitud, pedía que fuera el tribunal el que se encargara de realizar el expediente de manera subsidiaria si el Ayuntamiento no acataba la orden, cosa que aun no ha hecho. Organizaciones ecologistas como Greenpeace apoyaron esta petición, pero la Junta de Andalucía se puso en contra alegando que ese trámite es competencia del Ayuntamiento.
Con todos estos precedentes, el alcalde de Carboneras asegura que la solución “menos lesiva” para la ciudadanía sería una de consenso entre Gobierno, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Carboneras y Azata. Para ello, propone “sentarnos a negociar y no levantarnos de la mesa”. Él apuesta por aprovechar el edificio ya construido. “Lo normal es ponerlo en valor, ya sea como una residencia de mayores, ya sea como un hotel, pero dar servicio a la ciudadanía, crear empleo, crear riqueza”, asegura. De lo contrario, se haría pagar a los ciudadanos “un edificio que han permitido los gobernantes tanto de Carboneras, como de Andalucía, como de España”.
En esta línea, señala que “el hotel está prácticamente concluido y estuvo tres años construyéndose, no se construye de la noche a la mañana”. Y añade que la paralización de obras se ordenó cuando la construcción estaba a punto de finalizar, “algo que no nos cuadra a los ciudadanos de aquí”. Asimismo, insiste en que la situación actual es responsabilidad de todas las administraciones que autorizaron el hotel y dieron fondos para su construcción, ya que, recuerda, “el propio Gobierno de España subvencionó el proyecto”.
Aunque el camino no parece sencillo, con este paso adelante del Gobierno, las máquinas parecen comenzar a moverse de nuevo, ahora con la intención de eliminar el hotel de la falda de roca sobre la playa del Algarrobico y devolver la zona a su estado natural. Solo falta saber si el proceso se acelera de verdad o continúa enredado en la maraña judicial y por la falta de voluntad política, como viene sucediendo desde hace ya 20 años.
Jaime del Val (Salvemos Mojácar): “El anuncio de la demolición nos parece una farsa total que va a confundir aun más el proceso”
¿Cómo valoráis en Salvemos Mojácar la expropiación de parte de los terrenos del Algarrobico anunciada por María Jesús Montero?
Nos parece que es una farsa absoluta por múltiples motivos. Para empezar, es increíble que anuncien que van a demoler el hotel cuando lo único que podrían demoler es la piscina, porque el resto es de la Junta de Andalucía, con la que no se han reunido previamente para acordar nada, y la Junta ya ha manifestado que está en contra de hacer nada. Segundo, porque lo más probable es que la empresa recurra y se empantane años en los tribunales, porque ni siquiera se han molestado en plantear un peritaje arbitrado, consensuado por las partes, para las indemnizaciones y demás. Además, en 2007 ya hubo un expediente de expropiación del Gobierno, por Cristina Narbona, que la siguiente ministra socialista, Elena Espinosa, archivó en 2009. Así que el anuncio de la demolición nos parece una farsa total que lo que va a hacer es confundir aun más el proceso.
¿Cuál sería la solución?
La única solución es que los tribunales, la juez Morera en concreto, que no está haciendo nada, presione al Ayuntamiento mucho más de lo que lo está haciendo para que acate la sentencia de hace varios años de la nulidad de la licencia. Con eso, nosotros podríamos seguir adelante con un pleito que tenemos interpuesto, paralelo, para la demolición del hotel. Un pleito que lleva años suspendido a la espera de que se resuelva toda esta historia. Es la única vía que nosotros vemos, que llevará bastantes años todavía, para llegar a la demolición. Todo lo demás son farsas de las Administraciones que en realidad lo que quieren es que se empantane el tema, porque todas han promovido el hotel y todas quieren defenderlo a su manera, sobre todo la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras, pero el Gobierno tampoco está exento. Además, están todos los colores políticos implicados desde el inicio.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, había dicho ya que pretenden demoler el hotel. ¿Cree que pueden llegar a un acuerdo con el Gobierno?
Hablando se les llena la boca siempre pero es todo mentira. De cara a la opinión pública siempre dicen que lo quieren demoler y en los tribunales lo empantanan todo presentando papeles que lo único que hacen es favorecer al hotel y alargar los pleitos. Y con el cambio de Gobierno, tampoco ha cambiado, porque en realidad PP y PSOE estuvieron los dos implicados. En la corrupción urbanística siempre han ido de la mano. Así que todo lo que dice la Junta al respecto es mentira, así lo han demostrado y así lo venimos denunciando desde el principio hasta hoy. No se ha visto una actuación fehaciente que demuestre lo contrario.
¿El anuncio de Montero puede haber sido un movimiento del Gobierno para forzar a actuar a la Junta?
No lo parece, porque un anuncio tan en falso, sin haber hecho una reunión previa cuando la Junta ha manifestado desde el principio que no tiene intención de hacer nada… Es todo demasiado superficial, no se nota que haya habido voluntad de hacer nada más que un farol propagandístico. Ojalá nos equivoquemos, pero no lo vemos y, por nuestra experiencia, no nos fiamos lo más mínimo.
Cronología
1988. Entra en vigor la Ley de Costas y se crea una servidumbre de 100 metros desde el mar en la que no se puede construir.
1994. La Junta de Andalucía aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), que dice que El Algarrobico no es urbanizable.
1997. La Junta cambia la clasificación y permite construir en la zona.
2001. La promotora Azata solicita la licencia de obras para construir el hotel en El Algarrobico.
2003. La empresa consigue la licencia y comienza la obra de construcción del hotel.
2006. El juzgado paraliza las obras tras la denuncia de Salvemos Mojácar.
2006. Manuel Chaves, presidente de la Junta, anuncia que comprarán el hotel mediante el derecho de retracto para derribarlo.
2008. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratifica la paralización de las obras y un juzgado de Almería declara nula la licencia, decisión que el Ayuntamiento recurre.
2008. La Audiencia Nacional afirma que el hotel se ha construido en una zona protegida.
2009. La Junta recurre esa decisión.
2010. El Tribunal Supremo sentencia que el hotel está levantado en un suelo de máxima protección.
2011. La Junta de Andalucía y el Gobierno firman un acuerdo por el que el Estado pagará la demolición del hotel y la Junta, los gastos de gestión de los residuos y de restitución de la playa.
2012. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía declara como espacio protegido no urbanizable los suelos del Algarrobico.
2012. El TSJA sentencia en firme que el suelo es no urbanizable, como se señala en el PORN de 1994.
2014. El TSJA vuelve a declarar urbanizables los terrenos del hotel y falla a favor de la licencia concedida en 2003.
2015. El TSJA resuelve no anular la licencia municipal de obras.
2016. El Supremo falla contra esta sentencia del TSJA que declara urbanizable el terreno y declara que se trata de un área ambientalmente protegida.
2023. El Supremo determina que la licencia de obras sigue siendo vigente y señala la dificultad de demoler el edificio por vía judicial, así que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a revisar de oficio esa licencia, medida que el consistorio aun no ha ejecutado.
2025. El Gobierno de España pone en marcha el proceso de expropiación de la parte de los terrenos afectados por la Ley de Costas y anuncia el derribo del hotel en un plazo de cinco meses, si no hay nuevos recursos que paralicen el proceso.
(Reportaje publicado en el número de marzo de 2025 de la revista Foco Sur).
Miguel Blanco 
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