La atención a la discapacidad, al borde del colapso

Las entidades del sector de la discapacidad y la atención temprana se encuentran en una situación límite debido a la infrafinanciación que reciben por los servicios concertados que prestan. Por ello, exigen una financiación justa o muchas podrían desaparecer.

Las entidades de atención a la discapacidad han dicho basta. Llevan años prestando varios servicios concertados con la Junta de Andalucía por debajo del precio real de la plaza y la situación empeora año tras año. Los costes suben pero lo que reciben de la administración se mantiene o sube menos de lo que debería para cubrir el gasto. La situación es insostenible y, de seguir así, muchas de ellas se verían obligadas a dejar de prestar el servicio que ahora ofrecen o, en los casos peores, a desaparecer.

Peligran así servicios como los centros de día, los centros ocupacionales, guarderías y otros que las asociaciones y federaciones de atención a la discapacidad y la atención temprana vienen desarrollando desde hace años, prestando un servicio social allí donde la administración no llega y que es esencial para garantizar una vida digna a las personas con discapacidad.

Ante esta situación límite, el pasado 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no fue de celebración como otros años ha sido para este colectivo. Fue un día de reivindicación. Vestidos de negro, de luto, miles de personas procedentes de todas las provincias de la comunidad autónoma se manifestaron en Sevilla, ante la sede del Gobierno andaluz, para reclamar una financiación justa y sostenible para las entidades del sector de la discapacidad y de la atención temprana.

Con esta acción culminaba una serie de movilizaciones que se han celebrado a lo largo del año en las provincias andaluzas. Así, hubo concentraciones en las sedes de las distintas entidades a finales de octubre y, un mes después, una concurrida protesta en Puerta de Purchena, donde representantes de algunas de las asociaciones y entidades participantes leyeron un manifiesto con sus reivindicaciones ante unas 500 personas.

Toda esta movilización está siendo coordinada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Andalucía, que engloba a federaciones y asociaciones del sector. Es la unión de todas las entidades que representan a las personas con discapacidad y hace de interlocutor con las administraciones. En Andalucía, representa a más de 500.000 personas.

Estudio del coste real de cada plaza

“Exigimos un aumento del coste de las plazas de manera urgente para 2025, para hacer frente a las subidas del IPC, del Salario Mínimo Interprofesional y del convenio colectivo, que para este año es de entre el 10% y el 12%”, explica Francisco Mateo, presidente de Asprodesa, secretario de Plena Inclusión Andalucía y portavoz de CERMI en Almería. “En segundo lugar”, continúa, “pedimos que de una vez por todas se haga un estudio del coste real de los servicios que prestamos, de manera que las actualizaciones de precios no se hagan en función de cuestiones presupuestarias, de si hay dinero, sino ajustando el coste de las plazas a su coste real”. Por último, añade, “pedimos otro modelo de financiación, una financiación justa que establezca los mecanismos, de manera que cuando haya una modificación de algún factor que afecta al coste por plaza, como el IPC o el SMI o la subida salarial, automáticamente se ajusten los precios para igualarlos al coste real”.

Aunque estas peticiones se dirigen a la Junta de Andalucía, por tener la competencia, el colectivo reclama también al Gobierno de España, que cubre parte de esa financiación. “A la Administración Central le pedimos que apruebe un pacto de Estado para que no haya ciudadanos de primera y de segunda”, apunta Mateo, que reconoce que “la administración andaluza, en los últimos años, ha hecho aumentos importantes del coste por plaza, que estaba congelado desde hacía muchísimo, pero también es cierto que en otras regiones españolas, como en Extremadura, se ha alcanzado el modelo que exigimos y, por lo tanto, se puede hacer”.

El problema es que se aumenta la cantidad que reciben, pero el aumento no llega a cubrir el coste real, que se ve además disparado en los últimos tiempos por los efectos de la pandemia y la invasión de Ucrania. “Lo que no queremos es que, como ha venido ocurriendo, se haga un aumento que no cubra todas las necesidades y que el agua, que ahora nos llega a la boca, nos la bajen hasta el cuello, porque seguiremos estando, claro, con el agua al cuello”, señala el portavoz de CERMI en Almería.

En este sentido, asegura que “con el modelo actual, en el que el coste por plaza no cubre el total de los servicios, las entidades han ido endeudándose y la situación hace insoportable un nuevo golpe, porque abocaría a la desaparición y el cierre de muchas de ellas”.

Reducción del apoyo institucional

La situación límite no es algo de ahora, viene arrastrándose desde hace años, pero cada vez va a peor. Además, las entidades encuentran cada vez más dificultades para mantenerse. Así, Paco Navarro, gerente de Asalsido-Down Almería, asegura que “en los últimos años, se está reduciendo el apoyo de las instituciones a las asociaciones de personas con discapacidad, en todas las áreas”.  Así, califica la situación de “ahogamiento” y pone como ejemplo de ello las subvenciones que reciben. “Están cada vez peor, cada vez hay menos y son de menor importe y hay más entidades compitiendo por ellas”, explica, “te hartas de rellenar papeles y presentarlos, con certificados digitales, para que te den 500 euros”.

En el caso de la reivindicación, Navarro señala que “las entidades que tenemos centros concertados, como los centros ocupacionales o las unidades de día, sufrimos una congelación de los precios o una subida limitada que no va coordinada con el incremento de costes”. En este sentido, denuncia situaciones como que, para este 2025, se haya aprobado una subida del convenio colectivo, “con carácter retroactivo de año y medio, pero en la subida del concierto no se aplica hasta el año siguiente”.

El aumento de la cantidad percibida por los conciertos previsto para 2025 es del 4,5%, que se aplicaría a partir de junio, “pero los salarios suben un 10% desde enero… ¿De dónde sacamos la diferencia?”, se pregunta Navarro, que añade que “si tuviéramos unos beneficios astronómicos, en vez de ganar diez ganaríamos ocho, pero es que pasamos de ganar cero a que nos cueste dinero”.

La subida salarial del convenio colectivo del 10% entró en vigor en enero de 2025 y están previstos sucesivos aumentos del 1,5% en 2026 y en 2027, y del 4% en 2028; así como un incremento por un nuevo plus en 2027 y 2028. “Hay una previsión de cuánto va a subir el convenio colectivo, que es cerca de un 20% en tres años, pero la atención temprana sale a concurso con un precio cerrado para 2025 a 28 euros, el mismo precio que ya había en 2020”, denuncia el gerente de Asalsido. De esta manera, a la atención temprana “la están matando, porque te puedes aguantar tres meses, pero no puedes estar hasta 2031 dando el servicio por debajo de su coste”.

Por todo ello, las entidades piden a la Junta que les reciba “para enseñar las cifras y que vean cuáles son los gastos reales de las entidades”, comenta Navarro, que deja claro que lo que piden es “una financiación justa, no alta o que sobre, pero que sea suficiente para cubrir las necesidades del colectivo, que tienen unos costes muy altos”. Y señala que “son servicios que no podemos dejarlos morir, porque son básicos, no podemos dejar sin sustento al más dependiente y darle más al rico, como si fuera Robin Hood a la inversa”.

Precio por prestación de un servicio

“La Junta no puede decir que incrementa las ayudas porque de lo que estamos hablando es de una prestación de un servicio”, explica Antonio Sánchez de Amo, presidente de Verdiblanca, que recuerda que “las entidades de personas con discapacidad prestamos servicios a la ciudadanía en sustitución de la administración pública, porque esta no puede”. Y este servicio es el que quieren que se pague a su precio real. Rebate así el argumento del Gobierno andaluz, que recuerda que ya han aumentado las cantidades que se aportan al sector.

Sánchez de Amo cuenta que “desde la pandemia, ha habido un incremento de los costes salariales de los servicios que prestamos para atender a las personas, como residencias, centros ocupacionales, centros de día, atención temprana, y ese incremento que hemos tenido no es proporcional ni equiparable a la subida que ha establecido la Junta”. Asimismo, recuerda que con el pago que reciben de la Junta, se pagan “nóminas, los gastos corrientes, los seguros o las infraestructuras”.

Así, se pregunta si la idea es que ese desfase entre lo que cuesta el servicio y lo que reciben lo tengan que poner de su propio bolsillo. “Nosotros estamos sometidos al dinero que nos abona la Junta de Andalucía por la prestación de servicios y si está por debajo, tiene que subir más, porque ponemos en peligro la atención de las personas con discapacidad”, insiste.

El presidente de Verdiblanca señala que esta situación no es exclusiva de los servicios concertados, como su centro ocupacional, sino que “es algo que también está ocurriendo con las licitaciones públicas de servicios, como el de limpieza que nosotros damos en la Universidad de Almería”.

Por este servicio, continúan trabajando con los mismos precios desde 2018 “y desde entonces hasta ahora ha habido una pandemia y una guerra en Ucrania que han hecho que todo se trastoque, y las materias primas y productos hayan subido exponencialmente”. Asimismo, ha habido tres subidas del SMI. Sin embargo, apunta Sánchez de Amo, “cuando vamos a la Administración a reclamar, se remiten al contrato”.

Cambios en la atención a la discapacidad

“Los paradigmas de atención a las personas con discapacidad han cambiado muchísimo en los últimos años y tendemos a una personalización, a un plan individual de apoyos, a que las personas hagan con su vida lo que quieren hacer y consigan sus propias metas y realicen sus propios sueños”, explica Rebeca Tur, directora de la asociación A Toda Vela, que añade que “eso significa una atención muy personalizada y, en muchos casos, de ratio uno a uno, porque en un centro de día hay personas con problemas de conducta, en muchas ocasiones tampoco hay lenguaje y son personas con altas necesidades de atención y apoyo”.

El único servicio que tiene concertado A Toda Vela es el centro de día. “Nuestros demás servicios no lo están, porque desde que nacimos tenemos una visión muy inclusiva, nuestro servicio de ocio está en la comunidad y nuestro servicio de empleo trabaja en las empresas”, cuenta la directora. A Toda Vela tiene una financiación muy diversificada, “pero la infrafinanciación de los costes por plaza de los servicios concertados también nos afecta, porque para seguir trabajando como entendemos que tenemos que hacerlo, con inclusión, con personalización y con atención de calidad, tenemos que asumir más costes que los que nos costea la cartera de dependencia”.

Esta infrafinanciación, además no es nueva, como recuerda Rebeca Tur, “es una reivindicación que venimos haciendo desde hace años de la mano de Plena Inclusión Andalucía, que pertenece a CERMI, para que la Administración haga un estudio de costes de lo que supone una plaza en cada uno de los recursos, para que se actualice el coste-plaza a lo que realmente cuesta, y que luego se haga una actualización anual en base al IPC, pero no se ha realizado”.

La directora de A Toda Vela insiste en que “lo que reivindicamos es una financiación justa y sostenible que permita a las entidades seguir prestando estos servicios con los que estamos cubriendo una necesidad social que la Administración no es capaz de atender”. Por eso, la reclamación “no es un capricho, es un derecho lo que estamos defendiendo, dar un servicio de calidad y que las personas puedan tener una vida digna”.

En el sector no son optimistas, no ven claro que la situación se vaya a resolver. Todas las entidades, independientemente de cuántos servicios tengan concertados, “están en riesgo porque llevamos años estando al borde de nuestras posibilidades”, asegura Tur. En esta línea, cuenta que “en un mundo capitalista, se supone que no producimos cosas que generen valor, aunque nosotros defendemos que sí”. Por ejemplo, las empresas que contratan personas con discapacidad aseguran que “el clima laboral mejora desde que se incorporan y que son personas muy comprometidas con su trabajo”.

Si la situación no cambia, “las entidades más pequeñas, con pocos recursos o con una financiación menos diversificada pueden encontrarse en una situación muy delicada”, concluye Rebeca Tur, que denuncia que ya están “al borde del colapso”. 

De luto por la dependencia

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, unas 15.000 personas con discapacidad, familiares y trabajadores de las entidades de atención a este colectivo se manifestaban en Sevilla para exigir una financiación justa de los servicios concertados que prestan.

La marcha partió de la Plaza de España, donde se encuentra la Delegación del Gobierno central, y concluyó ante el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno de la Junta de Andalucía. Los participantes vestían de negro; estaban “de luto” por un sector, el de la dependencia y la atención temprana, que lleva años “en situación de asfixia”, pagando parte de los servicios que presta a la Administración porque esta no ajusta el precio al coste real.

La convocante, CERMI Andalucía, recuerda que son las entidades las que atienden al colectivo de personas con discapacidad, cuando se trata de un servicio que es competencia de la Administración. Y esta no solo no lo lleva a cabo, sino que no concede una financiación adecuada a las entidades con las que concierta el servicio, lo que está llevando a estas a “una situación límite e insostenible”.

Por ello, reclaman soluciones tanto a la Junta como al Gobierno de España, para que se llegue a una solución permanente que dé estabilidad a las entidades que prestan estos servicios. Asimismo, piden un pacto social y político por la discapacidad, que garantice la estabilidad de las entidades y de los servicios y recursos que prestan.

(Reportaje publicado en el número de febrero de 2025 de la revista Foco Sur).