La subida de la tarifa del agua en Almería y otros municipios de la provincia, sumada a la de la tasa de basura o el IBI, supone un nuevo golpe a la economía de los almerienses.
Agua, basura, IBI: tres tasas e impuestos municipales que los vecinos de Almería y otras localidades de la provincia van a ver aumentados en las próximas facturas. En todos los casos, con justificaciones que echan balones fuera o prometen una recompensa mayor: mejor calidad de suministro y más cobertura a familias que no pueden afrontar los precios, en un caso; asumir un impuesto añadido al que obliga el Gobierno Central, en otro; o compensar el lucro cesante por dejar de cobrar plusvalías, en el último.
Para los consumidores y la oposición, estas justificaciones son excusas sin fundamento y muestran que la promesa electoral recurrente del PP no solo de no subir impuestos, sino de bajarlos, se queda en palabras en la práctica.
La Unión de Consumidores de Almería UCA-UCE y FACUA presentaban en octubre alegaciones ante el Ayuntamiento de Almería contra la subida del agua, que supondrá un aumento de un 35% en la factura de los almerienses. También lo hacía el PSOE, que venía dando la voz de alerta respecto a la subida del agua en la capital desde meses antes de que se produjese.
Las asociaciones de consumidores reprochan al Ayuntamiento que no se les haya tenido en cuenta antes de aprobar las nuevas tarifas, como entidades defensoras de los derechos de los consumidores y usuarios almerienses. En este sentido, señalan que una subida tan elevada, de más de un tercio, perjudicará gravemente la economía de las familias. Por ello, critican que no se hayan planteado aplicar la subida de forma progresiva en vez de hacerlo de golpe.
Las asociaciones cuestionan que se haya realizado un estudio del impacto que provocará este alza del 35% en las tarifas o si se han contemplado posibles soluciones para los almerienses que puedan encontrarse en dificultades una vez se les aplique la subida, con los posibles cortes de suministro por impago que puedan sufrir.
Las asociaciones señalan también que habría que haber tenido en cuenta bonificaciones en caso de que hubiera una avería en la red con fuga de agua, situación en la que aumentaría la factura, por culpa del agua que se pierde. La idea es, además, que se aplicase la medida en cada factura del periodo de tiempo en el que afecte la avería, no solo en una, como sucede ahora.
Bono social
“Nadie discute que el agua va a ser de más calidad, porque ahora el agua de Almería tiene mucha dureza, mucha cal, y los electrodomésticos se rompen, pero es que el coste de traer el agua de los depósitos de Bernal también era elevado, de entorno a 1,8 millones, y eso debería repercutir igual que lo hará que vaya a haber siete bastidores en vez de dos en la desaladora”, explica José Antonio Díaz Roda, presidente de UCA-UCE.
Una de las críticas a la nueva tarifa del agua llega porque el coste del bono social para familias y usuarios que lo necesitan no lo asume el Ayuntamiento, sino que se suma a la factura de cada consumidor. Además, cuenta Díaz Roda, otro problema con el bono social es que apenas llega a un pequeño porcentaje de quienes lo necesitan y cumplen con los requisitos “porque las trabas burocráticas para solicitarlo son muy complicadas”.
El presidente de UCA-UCE señala las fugas como otro problema que afecta a lo que el consumidor acaba pagando. “El Ejido tenía un nivel de fugas superior al 40%, cuando lo normal es tener como mucho un 15%, porque haya una rotura o agua que va a un jardín y no le han puesto contador y cosas por el estilo”, pone como ejemplo, “y eso lo pagamos todos”. En este sentido, asegura que “hay fugas que pueden costar hasta 6.000 o 7.000 euros, no es el agua que pierde una cisterna, por ejemplo en una casa, una planta baja, que la humedad sale con el tiempo y te enteras de la rotura cuando llega la factura”. Eso sí, añade, “parece que con el contador inteligente, que ya lo tiene el 20% de los abonados, sale un aviso inmediatamente por un consumo excesivo”, lo que ayuda a detectar una posible fuga.
Las asociaciones de consumidores han presentado sus alegaciones para que las evalúe la comisión encargada de este asunto, pero no son optimistas con que vayan a hacerles caso. “El Ayuntamiento tiene unos precedentes en cuanto a alegaciones de no aceptarlas, así que damos por hecho que no lo harán”, asume Díaz Roda.
El presidente de la asociación recuerda que “el agua es un bien básico y no un negocio, aunque para las empresas sea un negocio, obviamente”. Y añade que parte del problema está en la externalización del servicio. “El Ayuntamiento, como administración que debe gestionarlo, lo cede a un tercero y dice que esto me cuesta, esto se paga”. En esta misma línea, señala que “se pueden optimizar los recursos y muchas veces no se hace”, lo que deriva en que los consumidores acaban pagando de más.
Cargos que no tendría que pagar el consumidor
El grupo municipal del PSOE de Almería también ha presentado sus alegaciones contra la subida de la tarifa del agua, sobre la que su portavoz, Adriana Valverde, venía alertando desde meses antes de confirmarse. Los socialistas consideran que la subida incumple una serie de obligaciones legales y que incluye costes que no tendrían que pagar los usuarios, como el de las tarifas sociales.
Otro cargo añadido a la factura con la nueva tarifa es el gasto del tratamiento de lodos procedentes de las depuradoras de El Bobar y El Toyo, que, según el PSOE, el Ayuntamiento de Almería está obligado a asumir en su presupuesto. Adriana Valverde, portavoz del Grupo Socialista Municipal, asegura que “nuestro objetivo es atenuar el sablazo que la alcaldesa quiere dar al bolsillo de la ciudadanía”. Y añade que “si conseguimos que no incluya en la factura el tratamiento de lodos y las tarifas sociales, que, además, es algo que corresponde asumir al propio Ayuntamiento, habremos contribuido a bajar un poco el impacto económico de la subida del agua”.
En total, estos costes añadidos suponen, según los socialistas, “un incremento adicional de los ingresos teóricos a facturar por Aqualia durante el año 2024 de 773.470 euros” y, según recoge el PSOE en su alegación, “resulta injustificable trasladar esta carga a los usuarios a través de su incorporación a las tarifas de suministro domiciliario de agua, máxime cuando no existe fundamento legal o técnico que ampare dicha incorporación”.
Las alegaciones presentadas por el PSOE municipal apuntan también a la falta de transparencia con la que se ha llevado a cabo la modificación de la tarifa del agua. En este sentido, señalan que “no se ha puesto a disposición del público toda la información en la sede electrónica del Ayuntamiento”. Tampoco se ha realizado, aseguran, la evaluación obligatoria de impacto ambiental.
Asimismo, denuncian que se han incumplido las normas de la competencia, de la obligación de identidad entre los pliegos y el contrato o de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Con todo ello, el resultado es que los almerienses tendrán que pagar un 35% más por el agua que sale de sus grifos.
Mejora de la calidad del agua
El Ayuntamiento de Almería anunció la subida de tarifas en agosto, con la intención de que se reflejase en las facturas en el último trimestre del año. La razón que se daba para justificar el incremento es que hay que cubrir el aumento de costes debido a la entrada en funcionamiento de más bastidores de la desaladora para aumentar hasta el 80% la proporción de agua desalada, que hasta ahora era del 60%.
Con esta medida, aseguraban, se evita sobreexplotar los acuíferos y se contribuye a su recuperación y, además, el Ayuntamiento de Almería cumple así con la obligación del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas para el periodo 2022-2027, que establece esta proporción del 80% de agua desalada y el 20% procedente de pozos para el suministro. Además, se apunta que, para 2027, el 100% tendrá que proceder de desaladora.
Desde el Ayuntamiento también se destacaba que el agua desalada es de más calidad que la de los pozos, por lo que es mejor para la salud del consumidor, así como para conservar en buen estado electrodomésticos como lavadoras, lavavajillas o termos de agua. Otro argumento a favor que se señala es que este aumento de calidad provocará un descenso del uso de agua embotellada, reduciendo así la cantidad de plásticos que se tiran a la basura.
El cálculo del equipo de Gobierno es que la modificación de las tarifas “supondrá un incremento medio de 3,82 euros al mes en el recibo doméstico”, dependiendo del consumo que se realice. Este incremento está calculado para un consumo de hasta 17 metros cúbicos al trimestre, que es el de la mitad de los usuarios de la capital. En esta línea, un consumo de hasta 23 metros cúbicos trimestrales, el del 65% de las facturas de agua doméstica, tendrá un incremento máximo de 5,17 euros al mes. Y para quienes consumen entre 23 y 29 metros cúbicos al trimestre, que son el 15%, el aumento será de entre 5,40 y 6,74 euros al mes. Es decir, el precio aumenta más cuanto más se consume, penalizando el gasto excesivo.
Otro problema que señalan los consumidores es que esta subida del agua se suma a las del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y de la tasa de recogida de basuras que también ha aprobado el Ayuntamiento de Almería. “En el caso del IBI, primero decían que subía porque se iban a dejar de cobrar las plusvalías, pero se siguen cobrando las plusvalías y se sube el IBI”, asegura Díaz Roda. “Así casi todo, se pretende hacer negocio con la excusa de que las cosas suben”, añade.
Aumento del precio del agua en la provincia
La subida de la tarifa del agua y otras tasas e impuestos no es exclusiva de la capital. Antes de que el Ayuntamiento de Almería anunciase la actualización del precio del agua en la ciudad, lo había hecho Roquetas de Mar, que justificaba la medida por “la necesaria actualización del IPC y, principalmente, por el incremento del precio del agua desalada, que ha supuesto un aumento del coste del servicio en más de un 82% durante 2022 y un 89% en 2023 con respecto a los precios de 2021”.
En el caso de Roquetas, como en el de Almería, la factura es progresiva, penalizando el gasto excesivo. Pero se tendrá en cuenta el número de personas por domicilio a la hora de calcular lo que se considera consumo no responsable de agua. También se ha previsto una tarifa especial por fuga, para limitar las penalizaciones por gasto excesivo cuando se deban a averías en las instalaciones.
Antes aun se actualizaron los precios en Adra, donde la subida se llevó a cabo en 2023. El PSOE de la localidad ha denunciado que esta medida ha supuesto un aumento del 15% de media en lo que pagan los abderitanos por el agua, con casos de hasta un 45% de subida. La situación es, aseguran, “más alarmante si consideramos que, a diferencia de otros municipios del Poniente, Adra no cuenta con acceso al agua desalada”, como sí la tienen en Roquetas de Mar y Vícar. En estos municipios, señalan, se “mejora significativamente la calidad del servicio que reciben sus ciudadanos, pero con tarifas más bajas que las impuestas en Adra”. En este sentido, aseguran que una familia de cuatro personas “paga unos 15,30 euros al mes por un consumo de 20 metros cúbicos de agua” en Adra, mientras que “en Vícar este coste se reduce a 11,71 euros y en Roquetas es de 13,78”.
También está prevista la subida de la tarifa del agua en Gádor, donde ya se han aplicado aumentos en las tasas de basuras y en el IBI. En el caso del agua, el aumento es de unos 15 euros de media; en el del IBI, de 20 euros; y en el de las basuras, de 17 euros.
Subida paralizada
Donde se ha paralizado la subida de la tarifa del agua es en Níjar, tras las alegaciones presentadas por el PSOE de esta localidad. En estas, se argumentaba una serie de irregularidades legales y la ausencia de justificación económica de la medida para frenarla, así como lo desproporcionado del aumento previsto, lo que acabó haciendo que se aplazase la aprobación del aumento de tarifa. La misma situación se había vivido previamente con el IBI, que también se iba a subir y se paralizó tras las alegaciones presentadas por la oposición.
Asimismo, en los pueblos donde el suministro de agua está gestionada por Galasa, la empresa pública que depende de la Diputación de Almería, el recibo ha aumentado en los últimos meses en un 33%, según denunciaba el PSOE. Esta subida de precio se ha llevado a cabo “sin que haya realizado ni una sola obra para reducir los 8 o 9 hectómetros cúbicos que se pierden cada año por las fugas en la red de abastecimiento”, señalaba Antonio Martínez, senador y secretario de Organización de los socialistas en la provincia. Asimismo, denunciaba que esta subida llega cuando la institución provincial “ha recibido más recursos que nunca por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que podría emplear, por ejemplo, para atender esta cuestión”.
Sumando este aumento a los del IBI en varios municipios con gobiernos del PP o el de la tasa de recogida de basuras en los municipios donde el servicio lo realizan consorcios gestionados por los populares, Martínez acusaba a este partido de ser “una máquina de recaudar impuestos y tasas a las familias almerienses”. Y denunciaba que el dinero recaudado “termina en los bolsillos de empresas privadas sin que se mejoren los servicios públicos”.
Justificadas o no, estas subidas en los distintos recibos que pagan los ciudadanos suponen un duro golpe al bolsillo de muchas familias, aun afectadas por el aumento de precios durante los dos últimos años en la alimentación, la electricidad o los combustibles. Ahora, tendrán que añadir el aumento de las facturas del agua, del IBI y de la basura, en la capital y muchos pueblos de la provincia, a la lista de gastos crecientes que habrán de afrontar cada mes.
La basura no se escapa: penalizados por reciclar mal
Uno de los aumentos de tasas que han llegado este año, de forma casi generalizada en la provincia, es el de la recogida y tratamiento de basuras. Un aumento que obedece a la multa que tienen que pagar los ayuntamientos o entidades que gestionan el servicio por no cumplir con una normativa sobre reciclaje a nivel estatal; normativa que es a su vez una transposición de la directiva de la Unión Europea sobre esta materia.
A pesar de esto, y de que la directiva europea fue aprobada en su momento por el PP en Bruselas, los ayuntamientos que la están teniendo que aplicar, como el de Almería o el de Roquetas de Mar, han aprobado mociones denunciando “el tarifazo de basuras de Pedro Sánchez”, a quien señalan como responsable del aumento de las tasas.
José Antonio Díaz Rodas, presidente de la Unión de Consumidores de Almería, explica que “en el caso de la basura, se culpa al Gobierno por haber hecho transposición de una directiva de la Unión Europea pero no se dice que esa directiva solo penaliza al que no recicla bien”. Asimismo, añade que esta penalización es solo del 7%, “así que no justifica que se suba más que eso, no un 20% o un 25%”, como está sucediendo en algunos municipios.
La misma situación ha habido con los consorcios que preside el PP, que primero han aplicado la ley, obligados por no cumplir con las normas de reciclaje y luego han señalado a la ley estatal para culpar al Gobierno de España de la subida. Por ello, Antonio Martínez, secretario de Organización del PSOE de Almería, ha asegurado que desde estos consorcios, el del Levante-Almanzora-Los Vélez y el del Sector II de la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos, se está “engañando” a la ciudadanía para justificar “los sablazos que les está dando”. Martínez ha explicado que se ha “utilizado dinero público para engañar a los ciudadanos difundiendo un bulo, a través de una carta, en la que culpan al Gobierno de España de la subida que han aprobado del recibo de la recogida de basuras” en estos consorcios.
En ambas entidades se ha llevado a cabo un incremento de hasta el 30%, según apuntaba Martínez, de las tasas debido a que la UE obliga a los Estados miembros a sancionar a las administraciones y entidades por cada tonelada de residuos cuyo tratamiento no sea el idóneo y no cumpla con la normativa europea de reciclaje. “Vamos a ser consecuentes y no utilizar cualquier excusa para hacer una subida y decir que la culpa es del otro, porque no es así”, sentencia Díaz Rodas, que añade que la causa de este aumento es “no gestionar bien lo que tienes que gestionar”.
(Reportaje publicado en el número de noviembre de 2024 de la revista Foco Sur).
Miguel Blanco 
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